Caso Lili Pink: Fiscalía pidió que primer capturado sea enviado a prisión

La Fiscalía General de la Nación solicitó al juez 68 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Walter Martínez Martínez, primer capturado en el megaoperativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación en 405 tiendas de Lili Pink en Colombia.

Las audiencias fueron reservadas hasta la tarde de este martes, cuando se permitió el ingreso de los medios de comunicación.

En ese sentido, la petición de la Fiscalía y los elementos materiales probatorios que hacen parte de una investigación de más de cuatro años permanecieron bajo reserva.

El representante de víctimas de la Dian, le pidió al juez que envíe a prisión a Martínez Martínez porque representa un peligro para la sociedad y porque además, podría fugarse.

Por solicitud de la defensa del procesado que permanece en un centro asistencial tras presentar quebrantos de salud, se aplazó la audiencia hasta el lunes 11 de mayo a las 6:00 de la tarde.

El abogado de Martínez Martínez pidió que se le concediera el tiempo necesario para recopilar los elementos probatorios con los que se opondrá a la solicitud de la Fiscalía.

El pasado 27 de abril, la Fiscalía adelantó un megaoperativo en 405 tiendas de Lili Pink en el país, así como en 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. En medio de ese procedimiento se efectuó la primera captura dentro de la investigación por un presunto caso de lavado de activos y contrabando.

Walter Martínez Martínez fue capturado en Barranquilla (Atlántico). Según la Fiscalía, habría sido el representante legal de al menos siete empresas fachada utilizadas para dar apariencia de legalidad a las operaciones de la red investigada.

A Martínez Martínez le fueron imputados los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. No obstante, el procesado se declaró inocente y no aceptó los cargos.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron de manera simultánea el operativo en 59 ciudades de 25 departamentos. La acción incluyó allanamientos y medidas con fines de extinción de dominio en 405 establecimientos comerciales, así como en bodegas vinculadas a la reconocida marca de ropa femenina.

De acuerdo con la Fiscalía, la estructura investigada habría operado a través de múltiples sociedades.

“La organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”, explicó el ente acusador.

La investigación señala que esta estructura, al parecer, incluía la fragmentación de transacciones y la simulación de relaciones comerciales, con el fin de evadir controles aduaneros y financieros.

Además de Martínez, en el expediente figuran otros nombres que conservan la presunción de inocencia, frente a los cuales aún no se ha demostrado la comisión de delitos, pues este es apenas un avance en la investigación y no implica responsabilidad penal.

Entre ellos están Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda S.A.S., empresa detrás de Lili Pink; así como los empresarios colombo-panameños Max Abadi y su hijo David Abadi, quienes, al parecer, estarían vinculados a compañías señaladas como fachada. También aparece mencionado el conductor Jonnathan Villamil Soler.

La investigación tiene sus orígenes en 2022, cuando un reporte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) alertó a la Fiscalía sobre presuntos movimientos financieros irregulares relacionados con Lili Pink y Yoy.

Desde entonces, distintas direcciones especializadas del ente acusador han trabajado de manera articulada para consolidar el caso y avanzar en el rastreo de los presuntos hechos irregulares.

Según la Fiscalía, el presunto lavado de activos ascendería a 730.000 millones de pesos, mientras que el contrabando alcanzaría los 75.000 millones. A esto se sumaría un posible enriquecimiento ilícito cercano a los 430.000 millones de pesos.

Los fiscales a cargo han dividido el caso por líneas de investigación, enfocándose en el análisis de sociedades, franquicias y en la identificación de al menos nueve personas implicadas, contra quienes ya se emitieron órdenes de captura.

Por su parte, la empresa solicitó reserva sobre el proceso, argumentando el impacto reputacional.