Fiscal respalda restitución de derechos de Silvia Gette como rectora de Uniautónoma

La audiencia de apelación en el proceso contra Silvia Gette se reanudó este viernes con una postura firme de la Fiscalía, que solicitó mantener las decisiones adoptadas y rechazó los recursos presentados por la Universidad y el Ministerio de Educación.

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Durante la diligencia, la fiscal Betzaida Guerra cuestionó los argumentos de las apelaciones y consideró inapropiado advertir afectaciones al funcionamiento de la universidad ante un posible regreso de Gette a la rectoría. A su juicio, no hay evidencia de que un cambio en ese cargo altere la estabilidad institucional.

La representante del ente acusador recordó que la institución ha atravesado situaciones complejas sin que se afecte su operación. Incluso mencionó que en el pasado coexistieron dos rectores, escenario en el que la universidad continuó con sus actividades académicas y administrativas sin interrupciones.

En ese sentido, insistió en que el eventual cambio solo implicaría la designación de una persona distinta en la rectoría, sin modificar la estructura ni el desarrollo normal de la universidad. Por ello, calificó como “temerario” afirmar que habría un impacto negativo.

“Es atrevido y hasta temerario decir, por afirmar que se va a afectar el normal funcionamiento de la universidad. Cuando nada cambia, solo la persona que ocupará el cargo de rector. Entre otras cosas, como más adelante se verá, ha causado bienestar, complacencia y empatía en la ciudad de Barranquilla y al interior de la universidad”, sostuvo.

¿Qué dijo la defensa de Gette?

Por su parte, Bianith Bohórquez, defensa de Gette aseguró que no existen fundamentos para desconocer actos administrativos que ya están en firme. También indicó que el juzgado que ordenó el restablecimiento de derechos no dispuso revocar decisiones del Ministerio de Educación.

La abogada agregó que las medidas adoptadas se limitaron a actuaciones internas de la universidad en 2013, y que en su momento no hubo pronunciamientos del Ministerio frente a los hechos que hoy se discuten en el proceso.

“No hay una manifestación alguna que sugiera por parte del juzgado que tomó la decisión de restablecer estos derechos, una derogación o inaplicación a los actos proferidos por este Ministerio de Educación. En este caso, la suspensión se realizó, única y exclusivamente sobre las actas preferidas por órganos de control al interior de la universidad en el año 2013 y sobre las que, frente a la presunta comisión del delito, nada se dijo por parte del Ministerio de Educación en su momento posterior”, señaló Bohórquez.

Finalmente, la fiscal también rechazó los señalamientos sobre un posible error en el cálculo del cumplimiento de la condena, al afirmar que la decisión judicial se sustenta en documentos que acreditan que la pena ya fue cumplida.

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