Gobierno y Corte acuerdan traslado de 496 detenidos para reducir hacinamiento en estaciones Policía

Fuentes del Ministerio de Justicia le confirmaron a Caracol Radio que, tras un encuentro entre el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, se acordó poner en marcha un plan de trabajo que contempla el traslado de 496 personas privadas de la libertad desde estaciones de Policía hacia centros carcelarios administrados por el Inpec. La medida busca aliviar el hacinamiento en estos espacios transitorios, donde actualmente permanecen detenidos en condiciones complejas.

La decisión se conoció este 13 de abril y hace parte de una hoja de ruta construida de manera conjunta entre el Gobierno nacional y las altas cortes para enfrentar una problemática estructural del sistema penitenciario. Desde hace décadas, las estaciones de policía han venido siendo utilizadas como lugares de reclusión prolongada, pese a no contar con las condiciones adecuadas para ello.

El encuentro, realizado en la sede de la Corte Suprema de Justicia, contó además con la participación de delegados de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y otras entidades del Estado. Durante la jornada se evaluó la situación actual del sistema carcelario colombiano, marcada por el hacinamiento y las limitaciones de infraestructura, un fenómeno que desde 1998 fue declarado como estado de cosas inconstitucional por la Corte Constitucional.

En la reunión se insistió en la necesidad de fortalecer la articulación entre instituciones para mejorar la capacidad del sistema penitenciario. En ese contexto, se revisaron alternativas como la implementación de brigadas jurídicas y la aplicación de mecanismos contemplados en la Ley de Utilidad Pública, orientados a agilizar procesos y contribuir a la descongestión de los centros de reclusión.

Asimismo, las entidades coincidieron en la importancia de revisar la política criminal del país y su coherencia con las estrategias de seguridad, así como el papel de las entidades territoriales en la gestión del sistema carcelario, tanto en competencias como en asignación de recursos.