Demandan decreto que limita inversiones de fondos de pensiones en el exterior
La acción fue presentada ante el Consejo de Estado contra el Decreto 369 de 2026, que fija un tope del 30% a las inversiones fuera del país y establece que nuevos recursos se inviertan en Colombia.
El Decreto 369 de 2026, que introduce cambios en el régimen de inversión de los fondos de pensiones en Colombia, fue demandado ante el Consejo de Estado por la Fundación para el Estado de Derecho.
La acción de nulidad se dirige contra la norma expedida por el Ministerio de Hacienda, que establece un límite global del 30% a las inversiones en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias y dispone que los nuevos aportes de los afiliados se destinen prioritariamente al mercado nacional.
Según el documento radicado, la medida modifica la forma en que se administran los recursos pensionales, al cambiar la composición de los portafolios de inversión y reducir la participación de activos internacionales.
Cambios en el modelo de inversión
El decreto introduce un límite global para la inversión en el exterior aplicado al conjunto de los fondos de pensiones, lo que implica que las administradoras deberán ajustar sus portafolios para cumplir con ese tope.
Además, establece que el flujo de nuevas cotizaciones deberá orientarse hacia inversiones en el país, como parte de un proceso de ajuste que se implementará de manera progresiva.
Actualmente, una parte relevante del ahorro pensional se encuentra invertida en mercados internacionales, lo que permite diversificar riesgos y acceder a distintos activos. Con la nueva regulación, esa proporción deberá reducirse en un plazo de hasta cinco años.
Lo que plantea la demanda
En la acción, la Fundación solicita al Consejo de Estado declarar la nulidad total del decreto y ordenar su suspensión provisional.
El documento señala que la medida introduce modificaciones en el esquema de inversión de los recursos pensionales y plantea cuestionamientos sobre su alcance, entre ellos la aplicación de un límite global para todos los fondos, sin diferenciar sus perfiles de riesgo.
También advierte que la implementación del decreto ya estaría generando efectos en la gestión de estos recursos, razón por la cual solicita una decisión cautelar mientras avanza el proceso judicial.
El caso quedó en manos del Consejo de Estado, que deberá evaluar la admisión de la demanda y resolver la solicitud de suspensión provisional del decreto.
La decisión se dará en el marco del control de legalidad de actos administrativos de carácter general, en este caso, una norma que modifica el régimen de inversión de los fondos de pensiones en Colombia.
