¿Posible participación de empresas vinculadas en corrupción en programas de Invías?
Señalan presuntas irregularidades en procesos de vías en Arauca y Nariño.
Caracol Radio conoció una alerta de posible participación de una empresa vinculada al escándalo de corrupción conocido como “Centros Poblados” en procesos como el programa “Vías para la Paz” del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Señalan presuntas irregularidades en procesos en Arauca y Nariño
Según la información, la situación está relacionada con procesos de selección LP-DEO-SVR-043-2025 y LP-DEO-SVR-045-2025, adelantados por Invías en los departamentos de Arauca y Nariño, donde se habrían identificado estructuras empresariales con vínculos presuntamente indirectos con firmas sancionadas por corrupción.
Con la información conocida por Caracol Radio, el Consorcio Provías Arauquita, Saravena estaría enlazado entre otras compañías, por ING Construguajira S.A.S., una empresa que tiene como accionista a ICM Ingenieros S.A.S., sociedad que fue declarada responsable fiscal por la Contraloría General de la República en el escándalo de “Centros Poblados”entre 2020-2021.
Antecedentes del caso “Centros Poblados”
El caso “Centros Poblados” lo consideran uno de los mayores escándalos de corrupción en Colombia, ya que se comprometieron más de 87.000 millones de pesos, correspondientes a un anticipo dentro de un contrato superior a un billón de pesos, destinado a llevar conectividad a zonas rurales del país entre 2020-2021.
Entre los implicados se encuentra Emilio José Tapia Aldana, empresario oriundo de Sahagún (Córdoba), señalado como una de las piezas centrales del caso. Asimismo, también está implicada la exministra Karen Abudinen, quien estaba cargo como ministra de las TIC para esa época.
Las autoridades fiscales determinaron responsables en ese proceso, lo que llevó también a la inclusión de algunas empresas en registros oficiales de responsables fiscales.
Preocupación por posible evasión de inhabilidades en contratos públicos
El caso ha generado preocupación por la posibilidad de que empresas sancionadas puedan continuar participando en contrataciones públicas mediante sociedades indirectas. Además, advierten que permitir estas situaciones podría poner en riesgo recursos públicos y debilitar la confianza de los ciudadanos.
“La contratación estatal no puede convertirse en un escenario que permita la reaparición de actores sancionados mediante esquemas indirectos de participación. Permitir este tipo de situaciones no solo pone en riesgo los recursos públicos, sino que afecta la confianza ciudadana en las instituciones y en los procesos de selección”, agregaron en el documento.
Llamado a organismos de control
Ante la gravedad de los hechos denunciados, hacen un llamado a los organismos de control y autoridades competentes para que realicen una verificación de la información y adopten las medidas necesarias para garantizar la transparencia en este tipo de procesos.
Por el momento, las empresas mencionadas anteriormente no han dado respuesta a Caracol Radio sobre estas posibles irregularidades como contratos públicos que, al parecer se están realizando de manera indirecta.
