Alcalde de Medellín radicó propuesta de proyecto de ley para remplazar la de “Paz Total”

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, envió al presidente del Congreso de la República de Colombia, Lidio Arturo García Turbay, un insumo técnico y la propuesta de articulado para un proyecto de ley que proteja a las víctimas y fortalezca la justicia ordinaria en nuestro país y que derogue la ley de Paz Total que hoy rige en el país.

La intención del mandatario local es derogar “las disposiciones de la Ley 2272 de 2022 y que se permitan dictar otras disposiciones, cuyo propósito es la derogatoria de los artículos 2 literal c, 5, 6 y 7 de la ley en mención”.

¿Qué dice el alcalde?

Gutiérrez Zuluaga indicó que el documento contiene una sugerencia de articulado y la base técnica para su elaboración, que permitiría tener un proyecto de ley ordinaria por medio de la cual se garantice la primacía de la justicia y protección de las víctimas.

El alcalde dijo que “como mandatario local, mi prioridad constitucional es la garantía de la convivencia y la seguridad de los ciudadanos de Medellín. No obstante, hemos observado con profunda preocupación cómo la implementación de la denominada ‘Paz Total’ ha derivado en el levantamiento de órdenes de captura de cabecillas de estructuras criminales de alto impacto sin un marco de sometimiento judicial previo y riguroso”.

Para el mandatario distrital, “esta situación no solo desprotege a las víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad que debilita la autoridad y gestión de la fuerza pública y la Rama Judicial en los territorios”.

Insistió el alcalde en que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, pero ella no puede construirse sobre el sacrificio de la justicia y el dolor de las víctimas. Medellín no aceptará que la política de paz liderada por el presidente Gustavo Petro se convierta en un salvoconducto para que quienes han sometido a nuestra ciudad mediante la violencia, hoy pretendan someter al Estado bajo la figura de una falsa negociación”.

En la carta enviada al presidente del Congreso, el alcalde de Medellín le solicitó que el insumo técnico para el proyecto de ley sea compartido con la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, para que, en ejercicio de su competencia constitucional definida en el artículo 154 de la Constitución, evalúen la procedencia de esta iniciativa”.

Esta propuesta contiene siete artículos, los cuales muestran el objeto de la ley, el ámbito de aplicación, las derogatorias necesarias, la supremacía de la función judicial, la prohibición de tratamiento político a estructuras criminales, el régimen de transición y suspensión de procesos en curso, además de la vigencia.

Objeto de la ley

En la propuesta se indica que se busca fortalecer el Estado de Derecho y garantizar “la tutela judicial efectiva de las víctimas, mediante la eliminación de disposiciones legales que permiten la suspensión de medidas judiciales contra estructuras de crimen de alto impacto sin un marco de sometimiento previo y riguroso”.

El ámbito de aplicación

Según lo que indica el insumo, estas disposiciones son de orden público para aplicar en el territorio nacional, vinculando a las autoridades de las diferentes ramas del poder público.

Derogatorias

En este aspecto, el tercer artículo pretende derogar los artículos 2, literal c, 5, 6 y 7 de la Ley 2272 de 2022.

Supremacía de la función judicial

Dice la propuesta que “el levantamiento o suspensión de órdenes de captura, medidas de aseguramiento o penas privativas de la libertad de miembros de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, solo podrá proceder cuando exista una ley de sometimiento a la justicia previa que defina condiciones de verdad, reparación y penas privativas de la libertad efectivas, en cumplimiento de los estándares internacionales y el precedente constitucional de derechos de las víctimas”.

Prohibición de tratamiento político a estructuras

El alcalde también indica en esta propuesta que las autoridades del Ejecutivo “no podrán reconocer estatus político, ni otorgar beneficios propios de procesos de paz, a organizaciones que no tengan un origen y naturaleza de carácter político-militar conforme al Derecho Internacional Humanitario. El sometimiento de estructuras criminales de alto impacto se regirá exclusivamente por el marco de la justicia ordinaria o el que determine el legislador para tal fin”.

Régimen de transición

En su sexto artículo se explica que con una nueva ley, todos los acercamientos, conversaciones, diálogos o procesos de sometimiento con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que se encuentren en curso bajo el amparo de la Ley 2272 de 2022, quedarán suspendidos de pleno derecho; además, busca la reactivación de órdenes de captura y medidas de aseguramiento, con las penas privativas de la libertad que hubieren sido suspendidas en favor de los miembros o voceros de dichas estructuras.

Vigencia

Será a partir de su promulgación según indica el borrador.

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