ANDI alerta por salida de Colombia del sistema internacional de arbitraje de inversión

La posible salida de Colombia del sistema internacional de arbitraje de inversión encendió las alarmas en el sector empresarial. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) expresó su preocupación por las implicaciones que esta decisión podría tener sobre la economía del país.

A través de un comunicado, el gremio advirtió que abandonar este mecanismo de resolución de disputas enviaría una señal negativa a los inversionistas extranjeros, en un contexto donde la seguridad jurídica es clave para atraer capital y generar empleo.

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“La salida de Colombia del Sistema Internacional de Arbitraje de Inversión es una decisión con muy serias implicaciones para el desarrollo del aparato productivo y la generación de oportunidades de empleo”, señala el documento.

La ANDI explicó que, entre los factores que tienen en cuenta las empresas al momento de invertir en un país, están la estabilidad institucional, jurídica y social, así como la existencia de mecanismos confiables, ágiles y transparentes para resolver controversias. En ese sentido, aseguró que el sistema internacional ha sido ampliamente reconocido como una herramienta técnica y eficiente.

El gremio también cuestionó que una decisión de este calibre se adopte sin alternativas claras en el corto plazo. Según advirtió, una salida sin un mecanismo sustituto podría afectar la confianza de los mercados internacionales y debilitar la posición de Colombia frente a otros países que compiten por atraer inversión extranjera.

Además, hizo un llamado a que el debate se dé con base en análisis técnicos, datos y la participación de distintos sectores, y no como resultado de posturas ideológicas.

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“Una solución radical de abandonar un sistema de solución de disputas, sin ofrecer alternativas prácticas y viables en el corto plazo, solo afecta negativamente el nivel de confianza que el Estado colombiano transmite a los mercados internacionales”, indica el comunicado.

Desde el Gobierno se ha defendido la posibilidad de salir de este sistema como una medida para fortalecer la soberanía nacional y evitar que tribunales internacionales interfieran en decisiones de política pública, lo que mantiene abierto el debate.