Abren investigación contra Irene Vélez por presuntas fallas en el control de la hidroeléctrica Urrá

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Irene Vélez, quien para los hechos se desempeñaba como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por posibles fallas en el control del proyecto hidroeléctrico Urrá. La decisión también cobija a otros seis funcionarios y exfuncionarios de distintas entidades relacionadas con la supervisión del sistema.

Entre los vinculados hay personas que han trabajado en la ANLA, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge y la empresa URRÁ S.A. E.S.P.. El objetivo es establecer si hubo irregularidades en la atención de la emergencia por inundaciones en la cuenca del río Sinú.

De acuerdo con el ente de control, lo ocurrido no habría sido un hecho inesperado. Por el contrario, advierte que los riesgos ya estaban identificados y que la situación sería consecuencia de decisiones que no se tomaron a tiempo. En ese sentido, se revisa si la operación de la hidroeléctrica se hizo de manera inadecuada, incumpliendo compromisos ambientales y reglas básicas para el manejo del embalse.

El informe también señala que, al parecer, se le dio prioridad a la generación de energía sobre el control del agua para prevenir inundaciones. A esto se suman dudas sobre el manejo del nivel del embalse, el paso de agua por encima de lo permitido y fallas en los planes para reaccionar ante emergencias, así como en los sistemas de alerta temprana.

La Procuraduría puso la lupa, además, sobre las entidades encargadas de vigilar. En el caso de la ANLA, se analiza si hubo demoras o falta de seguimiento a las obligaciones ambientales del proyecto. Sobre la Superintendencia, se investiga si, pese a tener información sobre posibles problemas, no actuó con la rapidez necesaria. También se revisa el papel de la CVS frente al control de intervenciones indebidas en zonas de humedales.

Con esta investigación, el organismo busca determinar si efectivamente hubo fallas disciplinarias y quiénes serían responsables. El proceso podría ampliarse a otros actores que tengan relación con los hechos.