Supersalud traslada a Contraloría contrato del Hospital San Rafael por $3.600 millones
La Superintendencia Nacional de Salud trasladó a la Contraloría General de la República un análisis sobre el contrato por $3.600 millones firmado entre la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja y Centro Vascular de Boyacá S.A.S., tras advertir pagos al contratista sin recaudo equivalente y posibles riesgos para los recursos públicos.
La actuación se originó tras una solicitud de auditoría forense relacionada con presuntas irregularidades contractuales. En su respuesta oficial, la Superintendencia aclaró que el traslado del caso no constituye una sanción administrativa, sino una remisión preventiva para que el organismo de control fiscal evalúe si existen méritos para adelantar investigaciones. Según el documento, las actuaciones administrativas adelantadas sobre el hospital fueron remitidas a la Contraloría mediante radicado del 14 de agosto de 2025 para que, dentro de sus competencias, determine si procede alguna acción frente a posibles afectaciones al patrimonio público.
El contrato bajo revisión corresponde al No. 175 de 2025, firmado entre el hospital y la empresa Centro Vascular de Boyacá S.A.S. para la prestación de servicios especializados en cirugía vascular. De acuerdo con el análisis técnico remitido por la Superintendencia, al 31 de julio de 2025 la institución hospitalaria ya había pagado el 67,2 % de las facturas presentadas por el contratista, sin haber recibido un recaudo equivalente por parte de las entidades responsables de pago del sistema de salud, lo que implicaría que el hospital asumió directamente el riesgo financiero de no recuperar esos recursos.
El informe también advierte que la participación económica del hospital dentro de los ingresos generados por el contrato sería apenas del 10 % o 15 %, dependiendo del servicio prestado, una estructura que, según el análisis de la entidad de vigilancia, podría resultar desfavorable para una institución pública. A ello se suman imprecisiones detectadas en las cuentas por cobrar y en los procesos de facturación, así como un esquema contractual que permitiría realizar pagos al contratista sin que previamente esté garantizado el ingreso correspondiente para el hospital, situación que podría generar un desequilibrio financiero.
En el mismo documento, la Superintendencia informó que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, solicitó a la E.S.E información detallada sobre la determinación del valor del contrato, su ejecución financiera, los pagos efectuados y las cuentas por cobrar, con el fin de establecer si las condiciones contractuales podrían afectar la estabilidad financiera de la institución.
Además, la solicitud inicial de auditoría también incluye la revisión de otros procesos de tercerización y contratación de servicios médicos especializados —como cardiología, radiología, medicina del deporte y neurocirugía— correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025, que eventualmente podrían ser objeto de nuevas verificaciones por parte de los organismos de control.
