Los procesos penales y disciplinarios a punto de fallo contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

Tunja

Además de la nulidad de la elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado, viene la acusación de la Fiscalía y seguramente la confirmación de la destitución de la Procuraduría.

El 25 de agosto de 2025 en fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por inscribirse y posesionarse en el cargo de elección popular estando inhabilitado.

Según el organismo de control, el mandatario habría incurrido en una inhabilidad al suscribir un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en diciembre de 2022, menos de un año antes de los comicios. Calificó la falta de Krasnov como gravísima a título de dolo.

Antes de esta decisión, el 5 de junio de 2025, la Procuraduría General le había formulado pliego de cargos al alcalde del municipio de Tunja, Mikhail Krasnov, y su secretario de Fomento Económico, Gustavo Adolfo López Avella, por posibles irregularidades en un contrato de prestación de servicios profesionales “para brindar apoyo a la unidad de gestión empresarial y competitividad de la Secretaría de Fomento Económico y Servicios”.

Por los lados de la fiscalía el alcalde también enfrenta un proceso que lo tiene a portas de la acusación.

En febrero de 2024, la fiscalía general de la Nación recibió una denuncia penal contra Krasnov, el gerente de Covivienda, Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez, y el abogado Juan Sebastián Ramírez. La denuncia menciona presuntos delitos como cohecho, tráfico de influencias y fraude procesal, derivados de un supuesto acuerdo ilícito para que el abogado Ramírez García retirara una demanda de nulidad electoral a cambio de un contrato en una entidad descentralizada de la Alcaldía.

El 24 de septiembre de 2025 la fiscalía le imputó cargos al alcalde, Krasnov, su secretaria de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán y su compañera permanente, Sara Catalina Pedraza quien fungiera como gestora social del municipio en 2024 por el delito de interés indebido en la celebración de contratos y a él, también lo imputaron por amenazas a testigos.

En esa diligencia le dictaron medida de aseguramiento no privativa de la libertad, pero si varias restricciones incluida la prohibición de salir del país.

Según la fiscalía tanto Krasnov como varios funcionarios de su administración le habrían dado un contrato en Ecovivienda al abogado Juan Sebastián Ramírez García para que retirara una demanda de nulidad electoral que había radicado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Boyacá, Ramírez García fue contactado en enero de 2024 por funcionarios de la administración municipal. Según el expediente, lo persuadieron de desistir del proceso judicial que podría haber afectado la permanencia del mandatario en su cargo, a cambio de su vinculación mediante contratos oficiales con entidades del orden local.

El 1 de febrero de 2024 se tramitó un contrato con la Alcaldía de Tunja por un valor de 19,8 millones de pesos, que, aunque no llegó a ejecutarse, formaría parte de las supuestas negociaciones irregulares. Posteriormente, firmó otro contrato con la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja (Ecovivienda) por un monto superior a 54 millones de pesos, pese a que el abogado no contaba con experiencia técnica en el área para la cual fue contratado.

El retiro oficial de la demanda de nulidad electoral se formalizó el 2 de febrero, apenas un día después de la firma del primer contrato, lo que, según la Fiscalía, constituye un indicio clave en la presunta relación directa entre los contratos y la decisión judicial desistida.

Durante la audiencia de imputación, Ramírez García no aceptó los cargos. Sin embargo, la Fiscalía señaló que el caso evidencia un posible esquema de favorecimientos indebidos dentro de la administración pública y el uso irregular de recursos públicos, que en conjunto superan los 70 millones de pesos.

Se espera que en los próximos días se realice la audiencia de formulación de acusación, pues ninguno de los procesados aceptó los cargos. Caracol Radio conoció que ya la fiscalía radicó la solicitud.