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¿Cómo avanza el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán?: Se pidió excluir pruebas

Durante la segunda sesión del juicio se escucho el testimonio de 8 personas que detallaron cómo se llevaban a cabo las capturas, retenciones y operativos que habrían dejado la muerte de civiles, que fueron reportados como supuestas bajas en combates, entre ellos menores de edad.

Durante la segunda sesión del juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán (Foto: cortesía)

Durante la segunda sesión del juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán 
(Foto: cortesía)

Durante los días 24, 25 y 26 de febrero, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Verdad (SARV) de la JEP desarrollo la segunda sesión del Juicio Adversarial contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramirez acusado por los crímenes de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tratos inhumanos, cometidos al presentar civiles como falsas bajas en combate, en hechos ocurridos en Ituango y Dabeiba (Antioquia), entre 2004 y 2005.

En la sesión la magistrada Reirene Jaramillo, en compañía de los magistrados Gustavo Salazar y Eduardo Sánchez, escucharon los testimonios de los testigos presentados por la JEP que hablaron sobre el desarrollo de operaciones de seguridad y control militar en Ituango y Dabeiba, estos relatos detallaron la forma en la que se llevaban a cabo las capturas, retenciones y operativos que habrían dejado la muerte de civiles reportados como supuestas bajas en combates.

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Asimismo, el uso de guías en operaciones militare, la presión ejercida sobre las tropas para obtener resultados operacionales y traslados de cuerpos de víctimas, uno de los hechos puntuales que se indagaron fue lo ocurrido entre el 13 y 15 de julio de 2005, en zona rural de Dabeiba, donde fueron asesinadas tres personas, estre ellas dos menores de edad; una de las niñas fue retenida y acusada de ser integrante de las FARC.

Según el relato de varios testigos, entre ellos el teniente (r) Manuel Quintero Flóres, “el entonces mayor David Herley Guzmán llegó al lugar de los hechos, llevo material de intendencia, ordenó asesinar a las tres personas y estuvo presente con todos los miembros de las compañias que participaron en la operación”. Además de agregar que años después, mientras se encontraba privado de la libertad en Puente Aranda por estos mismos hechos, recibió orientaciones del Coronel Guzmán para mantenerlo fuera de responsabilidad en esas operaciones, por parte del Coronel recibió 300 mil pesos y una loción para compra su silencio.

¿Se pidió excluir pruebas?

Durante el juicio la defensa de Guzmán, buscó excluir pruebas de testimonios como el del testigo Gonzalo Mario Bustos, relacionados con hechos ocurridos entre el 7 y 9 de diciembre de 2004. La defensa del acusado argumentó que existia una fin de la investigación, dada por la Fiscalia General de la Nación en 2018, lo que violaria los principios de non bis in idem (no ser juzgados dos veces por los mismos hechos).

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Esta solicitud se negó con base a los siguientes argumentos:

  • La competencia prevalente: la JEP tiene competencia preferente y exclusiva sobre conductas relacionadas con el conflicto armado ocurridas antes de diciembre de 2016. La decisión de la Fiscalía de 2018 “no es oponible a la JEP”, pues para esa fecha la competencia de la justicia transicional ya era vigente y exclusiva sobre el compareciente, quien es miembro forzoso de la fuerza pública.
  • Los patrones de macrocriminalidad: la JEP no juzga hechos aislados, sino patrones sistemáticos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La magistratura señaló que, en estos contextos, los derechos de las víctimas permiten la relativización del principio de non bis in idem para evitar la impunidad.
  • EL derecho inalienable a la verdad: la magistratura subrayó que las víctimas tienen el derecho “autónomo, inalienable e imprescriptible” de conocer no solo a los autores materiales, sino también cómo se gestaron los planes criminales y los patrones de actuación.
  • La extemporaneidad y seguridad jurídica: se advirtió que el debate sobre estas pruebas ya había precluido en la audiencia preparatoria de 2025. Revivir estas etapas cada vez que hay un cambio de abogado vulneraría el principio de seguridad jurídica y causaría dilaciones injustificadas.

Pero la JEP si le concedió la apelación, es decir, mientras la Seccion de Apelación estudia los puntos, el Juicio Adversarial seguirá avanzando para garantizar la protección de los derechos de las víctimas, quienes han participado activamente. La defensa tendra cinco días contados a partir de la notificación para presentar dicha apelación.

¿Comó se han desarrollado los Juicios?

  • La primera sesión se llevó a cabo en Medellín, del 20 al 24 de enero, comparecieron 12 testigos de la UIA.
  • La segunda sesión se llevo a cabo en Bogotá, del 24 al 26 de febrero, co parecieron 8 testigos de la UIA.

Aunque se preveía la participación de 12 testigos, el cronograma se ajustó debido al recurso impuesto por la defensa y a la recomendación de la magistratura de postergar temporalmente las pruebas vinculadas a los hechos ocurridos en diciembre de 2004, mientras se resuelve la apelación, manifestó la JEP.

  • La tercera sesión se llevará a cabo en Bogotá, del 10 al 12 de marzo, en la que se continuará la practica de testimonios por parte de la UIA.

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