Exgobernador de Guaviare: pliego de cargos por 31mil millones del SGR y polémica familiar

Colombia

Guaviare vive un momento político de alta tensión tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de formular pliego de cargos contra el exgobernador del departamento, Heydeer Yovanny Palacio Salazar, por presuntas irregularidades en la planeación de un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por $31.075.800.000.

La investigación disciplinaria se relaciona con la iniciativa denominada “Fortalecimiento de la cadena productiva de cacao para las familias campesinas de los departamentos de Guaviare y Meta”, cuyo propósito era aumentar la competitividad y productividad de los cultivos mediante mejoramiento de áreas sembradas, entrega de insumos, asistencia técnica, capacitación y conformación de organizaciones productivas.

Presuntas fallas en la estructuración del proyecto

Según la formulación de cargos, el proyecto habría presentado deficiencias sustanciales desde su etapa de planeación. Entre los señalamientos figuran:

• Debilidades en los estudios y diseños que soportaron su aprobación.

• Problemas en la identificación real de los beneficiarios.

• Ausencia de estrategias claras para garantizar la permanencia de los campesinos en el programa productivo.

• Omisión de componentes técnicos esenciales, como drenajes y sistemas de riego, pese a las condiciones agroclimatológicas del territorio.

• Inconsistencias presupuestales que obligaron a realizar ajustes posteriores ante el OCAD.

El análisis disciplinario no se limita a aspectos formales, sino que examina una posible afectación material del propósito del proyecto. De confirmarse que la estructuración fue deficiente, la meta de mejorar la productividad y los ingresos de las familias campesinas podría no haberse cumplido en los términos proyectados, impactando directamente a los beneficiarios de una inversión superior a 31 mil millones de pesos.

La formulación del pliego de cargos implica que la autoridad encontró mérito suficiente para avanzar hacia una decisión de fondo. De establecerse responsabilidad disciplinaria, el exmandatario podría enfrentar sanciones que incluirían inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Asoprocacao y la conexión política

En paralelo al proceso disciplinario, ha cobrado relevancia el papel de Asoprocacao como organización beneficiaria del proyecto. La asociación ha sido identificada como organización fundadora o impulsora del movimiento político CACAO, que respalda la candidatura de Alejandro Castillo a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial de Víctimas del Guaviare.

Castillo es primo de Heydeer Palacio, lo que introduce un elemento adicional al debate público. La relación entre el proyecto ejecutado durante la administración departamental, la organización beneficiaria y la actual campaña electoral ha generado cuestionamientos sobre la posible convergencia entre gestión pública y proyección política.

Hallazgo fiscal en el Hospital de Miraflores

El escenario se amplía con otro frente de investigación. La Contraloría General de la República levantó un hallazgo fiscal por $3.800 millones relacionado con la ejecución del Hospital de Miraflores.

En este caso, el representante legal del contratista era hermano de Alejandro Castillo, lo que configura un segundo punto de conexión familiar en proyectos ejecutados durante el mismo periodo administrativo. Aunque se trata de un proceso independiente al del cacao, ambos episodios confluyen en un contexto político común.

Debate jurídico y repercusión electoral

Jurídicamente, el pliego de cargos disciplinario y el hallazgo fiscal corresponden a procesos distintos que deberán resolverse en las instancias correspondientes. Sin embargo, políticamente coinciden en un momento clave: la campaña por la curul de paz en el Guaviare.

Para diversos sectores ciudadanos, la coincidencia entre proyectos multimillonarios cuestionados, vínculos familiares directos y respaldo electoral genera suspicacia. Otros señalan que será la justicia disciplinaria y fiscal la que determine si existieron irregularidades con responsabilidad individual.