Defensoría advierte riesgo para elecciones por control armado y débil respuesta del Estado

Colombia

La Defensoría del Pueblo presentó el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 013 de 2025, en el que advierte riesgos para los procesos electorales de 2025 y 2026 no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de democracia en territorios donde las comunidades guardan silencio cuando son los grupos armados ilegales los que gobiernan en las comunidades rurales.

Según la defensora Iris Marín, hay zonas en donde seguramente se van a instalar los puestos de votación, sin embargo, la mayor preocupación es la libertad que va a haber. “Hay zonas, como por ejemplo en el Catatumbo, donde el camino hacia los puestos de votación es caminando, y están minados, entonces, la gente no va a poder moverse hasta allá.

Gobernanza de grupos ilegales y riesgo diferenciado

Según el informe, todavía hay una “gobernanza armada ilegal sostenible y fortalecida” en varias regiones del país, ejercida por los grupos armados ilegales, que aunque niegan participación directa en política, inciden indirectamente en los procesos electorales mediante amenazas, restricciones a la movilidad, control territorial y estigmatización.

La Defensoría señala que el riesgo afecta de manera diferenciada a candidatos, víctimas, firmantes del acuerdo de paz, mujeres, pueblos étnicos, periodistas, líderes sociales y servidores públicos.

En el caso de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), se advierte imposición de “permisos” para circular, vetos a candidaturas independientes, presiones para unificar listas y retrasos en el desembolso de anticipos estatales, lo que expone a campañas a extorsiones.

Más de 400 municipios con llamado prioritario

El informe clasifica los niveles de riesgo en distintos municipios del país. En el seguimiento actual (I.S.), 69 municipios tienen llamado a acción inmediata; 168 a acción urgente; 433 a acción prioritaria; 195 a observación permanente y 257 a acción ordinaria.

Además, 45 municipios cambiaron su nivel de llamado a la acción frente a la alerta inicial, evidenciando variaciones en el escenario de riesgo en departamentos como Antioquia, Cauca, Nariño, Bolívar, Sucre, Meta y Valle del Cauca.

Le interesa:Con amenazas reapareció ‘Iván Mordisco’: ¿En riesgo las elecciones del 2026?

Preocupación por censura periodística

La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó además sobre la amenaza y estigmatización permanente contra el ejercicio periodístico, especialmente en las regiones, donde la presión de actores armados y la polarización política están generando fenómenos de censura y autocensura.

Según explicó, en algunos casos las amenazas directas impiden la circulación de información, mientras que en otros son los propios medios los que optan por no cubrir determinados hechos ante el riesgo que puede representar para periodistas y equipos de trabajo.

La defensora hizo un llamado expreso a todas las candidaturas, en particular a las presidenciales, para que cesen cualquier forma de acoso contra la prensa, ya sea mediante estigmatización pública o acciones judiciales intimidatorias.

Este tema, planteado también por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), está siendo objeto de monitoreo dentro de la alerta electoral, informó la defensora Iris Marín.

Respuesta estatal: avances parciales o menores

El Índice de Respuesta Estatal (IRE) muestra un cumplimiento desigual de las recomendaciones. De las 11 recomendaciones evaluadas, el 42 % presenta algún nivel de cumplimiento, mientras el 58 % sigue pendiente.

Entre los principales hallazgos:

• Coordinación institucional: solo 29 % de avance en la articulación interinstitucional para respuesta rápida, con ausencia de reportes completos por parte del Ministerio del Interior.
• Acciones de Fuerza Pública: 65 % de cumplimiento, aunque con informes generales que no detallan despliegue efectivo en todos los municipios.
• Prevención y protección: 52 % de avance, con vacíos en la implementación de protocolos específicos para juventudes y candidaturas locales.
• Investigación y judicialización: 55 % de cumplimiento, pero sin avances materiales suficientes en judicialización de responsables de amenazas.
• Fortalecimiento comunitario y organizativo: 0 % de cumplimiento en lo relacionado con pagos oportunos de reposición de votos por parte del Consejo Nacional Electoral.

Llamado urgente al Estado

El entidad solicitó al Ministerio del Interior fortalecer la coordinación de la respuesta rápida; al Ministerio de Defensa garantizar presencia efectiva en zonas de riesgo, a la Fiscalía reforzar la investigación y judicialización de delitos electorales, al Consejo Nacional Electoral asegurar la financiación oportuna; y a la Procuraduría ejercer vigilancia disciplinaria sobre el cumplimiento de las medidas.

“El riesgo electoral no se limita a hechos violentos aislados, sino a la consolidación de condiciones estructurales que restringen la participación libre y democrática en amplias zonas del país”, concluye el informe.