Retenciones a pagos digitales le restaron $180.000 millones a microempresarios, advierte Bold

Las retenciones aplicadas a pagos con tarjeta están drenando liquidez clave de los pequeños negocios en Colombia. Solo en la operación de Bold, cerca de $180.000 millones dejaron de llegar a los microempresarios el último año.

Las retenciones anticipadas de impuestos sobre pagos electrónicos volvieron al centro del debate económico en Colombia. Directivos de la fintech Bold advirtieron que estas cargas pueden representar hasta el 5% de cada venta de un comercio y estarían desincentivando la adopción de medios digitales en un país donde el efectivo aún predomina.

Sebastián Ocampo, vicepresidente legal y corporativo de la compañía, explicó que hoy cada transacción con tarjeta está sujeta a múltiples descuentos.

“Cada pago con tarjeta en Colombia tiene retención de renta del 1,5%, de ICA alrededor del 0,5% y de IVA cercana al 3%. En total puede llegar a cerca del 5% de cada venta”, afirmó.

El directivo agregó que la complejidad aumenta por la diversidad territorial del ICA, cuya tarifa cambia entre más de 1.000 municipios y obliga a controles diferenciados ciudad por ciudad.

El golpe a la caja de los pequeños negocios

Las cifras internas del ecosistema muestran la magnitud del impacto. José Vélez, CEO de Bold, reveló que solo en la operación de la compañía las retenciones representaron una salida significativa de recursos para los comercios.

“Las retenciones por renta e IVA fueron de $137.000 millones y por ICA de $40.000 millones. Estamos hablando de más o menos $180.000 millones que dejaron de entrarle a los bolsillos de los microempresarios”, sostuvo.

Para 2026, la fintech estima que el monto podría crecer cerca de 50%, impulsado por la expansión de los pagos electrónicos.

A nivel agregado del sistema, la dimensión es mayor. Según Ocampo, en Colombia se procesan cerca de $250 billones anuales en pagos con tarjeta, lo que implicaría alrededor de $700.000 millones en retenciones trasladadas al Estado cada año, aunque recalcó que se trata de anticipos y no de un impuesto adicional.

Más efectivo, menos formalidad

El sector fintech advierte que el impacto no es solo de liquidez sino estructural. Según Ocampo, las retenciones generan un incentivo contrario a la digitalización. “Básicamente lo que hacen las retenciones es desincentivar el uso de pagos digitales, llevando a laa personas a seguir utilizando efectivo; lo que evita registrar el crecimiento, en el caso de las pequeñas empresas”, dijo.

Vélez fue más directo sobre quién asume el mayor costo:

“Yo creo que quien más pierde es el comercio pequeño, porque le estamos poniendo trabas a la digitalización”.

El argumento central es que la digitalización de pagos abre la puerta al crédito formal. Sin historial transaccional, miles de micronegocios permanecen invisibles para el sistema financiero.

“Si una peluquería recibe todo en efectivo, una entidad financiera no sabe cuánto vende y no le puede prestar. Los pagos digitales son la puerta de entrada al crédito”, explicó Vélez.

El debate cobra mayor relevancia en un país donde la informalidad sigue siendo elevada. Según el Dane, en el trimestre octubre-diciembre de 2025 la informalidad fue de 55,7% a nivel nacional, de 42,3% en las 13 principales ciudades y de 83,1% en zonas rurales dispersas.

¿Colombia, rezagada en digitalización?

Bold advierte que el país podría estar perdiendo terreno frente a la región. Ocampo señaló que menos del 20% del consumo en Colombia se realiza con medios digitales, por debajo de economías como Brasil o Chile.

“Si seguimos poniendo fricciones vía impuestos y retenciones, la gente racionalmente preferirá el efectivo”, advirtió.

Aunque Vélez reconoció que Colombia sigue siendo atractiva para las fintech, señaló rezagos regulatorios y una alta concentración del sistema financiero que, a su juicio, limita la competencia.

El decreto que puede cambiar el tablero

En medio de la presión del sector, el Ministerio de Hacienda publicó el 27 de enero el borrador de decreto que propone eliminar la retención en la fuente del 1,5% sobre pagos con tarjetas débito y crédito cuando correspondan a ventas de bienes o servicios.

La medida —incluida originalmente en la reforma tributaria que se hundió en el Congreso— busca corregir lo que el Gobierno considera un “trato tributario desigual”, dado que otros medios electrónicos como transferencias, QR o billeteras digitales no están sujetos a la misma retención pese a tener niveles similares de trazabilidad.

Según la memoria justificativa, mantener la carga solo sobre tarjetas carece de sustento técnico frente a los principios de eficiencia y equidad tributaria.

El borrador estuvo en comentarios hasta febrero y, de expedirse, empezaría a aplicarse desde el 1 de marzo de 2026.

Desde el frente fiscal, Hacienda sostiene que la medida no reduce el recaudo estructural del impuesto de renta porque se trata de un anticipo, aunque reconoce que sí habrá un efecto temporal de caja en 2026.

El debate fiscal de fondo

El sector financiero ha advertido que la eliminación de estas retenciones genera tensiones de corto plazo para las finanzas públicas. Sin embargo, estudios citados por la industria —como análisis de ANIF mencionados por Bold— sugieren que el efecto podría ser positivo en el mediano plazo gracias a una mayor formalización y trazabilidad económica.

Para las fintech, la discusión debería ir más allá. Vélez planteó que el país tendría que revisar también otras fricciones tributarias.

“Eliminaría la retención en la fuente nacional y también la municipal (ICA). Esa es la puerta de entrada a cambios más grandes”, afirmó.

La decisión que se viene para 2026

Con el decreto aún pendiente de firma definitiva para marzo, el pulso entre recaudo fiscal y promoción de pagos digitales entra en una fase decisiva.

El sector advierte que, de no ajustarse las reglas, Colombia podría profundizar su rezago frente a economías de la región donde la digitalización avanza con mayor velocidad.

La decisión ahora está en manos del Gobierno: mantener el esquema actual de retenciones o acelerar el giro hacia una economía más digital, en momentos en que el país busca ampliar la inclusión financiera de cara a 2026.