Salario mínimo: consensos, diferencias y el futuro del bolsillo de los colombianos
Panelistas analizaron el consenso en la mesa de Concertación, lo que viene en la discusión jurídica y política, así como los efectos de la cifra de crecimiento del PIB para el 2025.

Salario mínimo: consensos, diferencias y el futuro del bolsillo de los colombianos
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En Hora20 el análisis al futuro del bolsillo de los colombianos ante las decisiones que tienen que ver con el salario mínimo, las decisiones judiciales, la concertación de los distintos actores y las decisiones políticas. El debate también sobre el mínimo del 23%, de lo que implica mantener este porcentaje, de lo que viene a nivel jurídico, pero también de los efectos económicos de estas decisiones.
Lo que dicen los panelistas
Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista, profesor en la Universidad Nacional y columnista, resaltó que el auto del Consejo de Estado termina siendo singular, suspende sin suspender porque dice que se suspende el decreto, pero se difiere los efectos hasta que el Gobierno adopte un nuevo decreto donde se defina un alza transitoria”. Detalló que la medida no ha tenido efecto práctico para los ciudadanos, que sigue vigente y que los empresarios pagan los salarios, etc. Y que no tiene efecto retroactivo sobre lo que ya se pagó. Detalló que, cuando se suspende un acto administrativo, pues deja de regir, “pero en este caso se suspende para reemplazarlo por otro. El decreto demandado es el de diciembre y ahora se supone que hay concertación gremios y sindicatos y sacan un decreto donde la sustentación es que hay consenso, ¿qué se va a hacer? ¿Se estudia de fondo decreto inicial o el transitorio?”
Comentó que la medida cautelar podría ser haber dicho que no se dio suficiente explicación del alza del mínimo, por tanto, que se intente una nueva concertación o dé suficiente explicación; “pero esa no es la medida y eso genera incertidumbre. Aunque discrepo del auto y creo que esa alza era excesivo, me parece bien que se logre consenso porque toca pacificar el tema. El Presidente sí tenía competencia para tomar la medida”.
Para Cristina Fernández, economista, profesora e investigadora en la Universidad del Rosario, sí es fundamental darles tranquilidad a los trabajadores, “es sensato lo que pasó en la Comisión de Concertación y echar para atrás la medida es difícil”. Advirtió que hay que establecer criterios claros para definir el salario mínimo, “necesitamos nuevos criterios y un criterio claro. El empresario debe saber cuánto va a pagar de salarios el año siguiente”. Además, comentó que quienes definen el mínimo no son todos los que deben estar, “no hay representantes de informales y la participación de empresas pequeñas es restringida. Eso nos llama a cambiar mecanismos de definición”. De otro lado, señaló que no es posible conocer las consecuencias del incremento del mínimo, pero sí establecer que aumentaron las proyecciones de inflación, “los efectos sobre los trabajadores informales e independientes son muy grandes”.
Ángel Custodio Cabrera, exministro de Trabajo, explicó que en lo jurídico esto surge de unas demandas que piden la suspensión del decreto, se analiza elementos y lo suspende, “cuando se mira las causas, el magistrado dice que se revisarán elementos, pero coloca el tema del mínimo vital”. Recordó que en diciembre, cuando se hacen presupuestos en las empresas, se hace con un mínimo del 23,7%, “por eso, cuando citan a la mesa se llega a consenso porque esos cambios ya se realizaron”. También comentó que llama la atención que Acopi mantenga la posición porque la pequeña y mediana empresa es la más afectada con este incremento del mínimo.
Para Luis Fernando Mejía, consultor independiente, exdirector de Planeación Nacional y exdirector de Fedesarrollo, hay un criterio importante que es asegurar que las personas de menores ingresos tengan acceso a bienes y servicios básicos, “una consecuencia de un aumento excesivo del salario es la inflación. La expectativa de inflación pasó del 4,5 al 6,5%, la pregunta entonces para evaluar los efectos de la decisión es si ese aumento termina protegiendo a personas de mejores ingresos. La respuesta es no”. Aseguró que el 55% de trabajadores son informales, con lo cual, dijo que con una decisión de un aumento tan grande, al final se perjudica a personas de menores ingresos por el impacto que tiene en materia de inflación. También resaltó que desde lo político era natural que no se dieran cambios, “no se piensa en un cambio de fondo porque imagínese empresarios hablando de un reversazo, nadie quiere asumir ese cambio en época electoral”.
En cuanto a la cifra de crecimiento, comentó que está por debajo de proyecciones y preocupa el cuarto trimestre, “lo más preocupante no es el crecimiento, lo grave es el comportamiento de inversión que cayó 2,9% en último trimestre. Tasa de inversión fue del 16%, la más baja en dos década”, con lo cual, dijo que la inversión es la fuente de capacidad de expansión productiva de una economía, permite que la economía crezca.
Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, resaltó que el Consejo de Estado dice que las consideraciones que expone el gobierno en el decreto de diciembre no son las propias, “la Corte ya dijo que es inflación más productividad. Segundo, el Gobierno se excedió porque se va por encima de lo que piden los trabajadores”. También comentó que hoy se dice que hay concertación, pero no es tal, “Fenalco dice no estar de acuerdo. Unos empleadores no pueden hablar por todos los empleadores del sector productivo; Fenalco y Acopi dicen que no les sirve”. Por último, dijo que ese mínimo no es soportable para la economía, “genera incertidumbre y ahora Petro ganó políticamente”.




