10 años y 8 presidentes: la crisis política del Perú más allá de la corrupción

Hay quienes se maravillan y aplauden cada vez que cae un presidente Peruano. “Allá sí hay justicia”, dicen mientras ese país entra en una nueva temporada de incertidumbre. Hay quienes se inquietan y se preguntan “¿cuándo nos irá a tocar esa tragedia de presidentes que llegan solo para caer?”. Unos y otros ven el hecho puntual, pero no entienden que lo que pasa en Perú va más allá de la corrupción.

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Hace 26 años, tras la caída de Alberto Fujimori, el sistema de partidos políticos en el Perú no volvió a ser el mismo. Los liderazgos personalistas, los movimientos que surgen para una elección y luego desaparecen, así como la falta de bases ideológicas sólidas en los partidos ha llevado al sistema a un colapso que se ve reflejado en el Congreso de ese país. Las coaliciones son inestables, el Congreso vive fragmentado, al presidente de la república apenas lo dejan gobernar.

Los pocos episodios en los que el Congreso se muestra unido se dan cuando los parlamentarios votan para cesar a los presidentes, pues la Constitución establece que al jefe de Estado se le puede retirar del cargo por “incapacidad moral permanente” un concepto tan elástico y gaseoso que hace que cada gobernante que llega a Palacio de Miraflores permanezca en un constante limbo.

Pero esa inestabilidad política es rentable. La polarización estratégica se ha convertido en el camino preferido por los políticos peruanos para mantenerse vigentes, siendo la corrupción no el mal mayor, sino apenas un síntoma de la crisis peruana. Los problemas van más allá y resumen el drama de otros países de la región: el 70% de la economía es informal, hay una débil presencia estatal en los territorios y, además, las redes de la economía ilegal, como el narcotráfico, florecen mientras alimentan los bolsillos de líderes políticos y sociales.

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Los politólogos se inquietan ante la erosión democrática que está viviendo el Perú, pues según afirman se está “normalizando lo excepcional”, una situación que podría perpetuarse llevando al país al inmovilismo o, si se profundiza la crisis económica y de seguridad, llevándolo a la ruptura democrática, algo que estuvo a punto de pasar con el autogolpe que promovió el hoy preso Pedro Castillo.