Juez de Cartagena se pronunció en caso contra empresa Afinia: ¿Qué dijo?

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena, a través de su titular Fredy Machado, confirmó en segunda instancia un fallo de tutela a favor de un ciudadano natural del municipio de El Copey, Cesar, al considerar que la empresa Afinia, al parecer, vulneró su derecho fundamental de petición.

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La acción fue interpuesta por el propietario de un inmueble ubicado en el barrio Piedras Azules de esa población cesarense, quien denunció que dentro del patio de su vivienda se encuentra instalada una retenida o cable tensor perteneciente a la red de media tensión de Afinia. Según el accionante, esta estructura no solo limita el uso pleno de su propiedad, sino que representa un riesgo para la seguridad de quienes habitan el inmueble.

Explicó el accionante que el 25 de septiembre de 2025 presentó un derecho de petición solicitando el retiro o reubicación del elemento, así como información sobre la posible existencia de una servidumbre o contrato que autorizara su instalación dentro de su predio. Aunque la empresa respondió señalando que la estructura sería reubicada en el “próximo trimestre”, el ciudadano consideró la respuesta ambigua e insuficiente, al no fijar una fecha concreta ni demostrar que existiera autorización legal para la ocupación del terreno.

En primera instancia, el Juzgado Veintiuno Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cartagena concedió la tutela, al concluir que Afinia no dio una respuesta clara, completa y debidamente notificada, especialmente frente a la solicitud sobre la existencia de una servidumbre. La empresa impugnó la decisión argumentando que sí respondió oportunamente y que incluso realizó una visita técnica al predio.

Sin embargo, el juez de segunda instancia confirmó el fallo al advertir que no existe prueba documental suficiente que acredite una respuesta integral ni su notificación efectiva al accionante.

En la decisión, el juzgado ordenó a Afinia emitir una respuesta clara, congruente y debidamente notificada al ciudadano, y dispuso la remisión del expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

De esta manera se espera entonces un nuevo pronunciamiento por parte de la compañía y su equipo jurídico.