Escándalo en Córdoba: Judicializados por millonario desfalco al magisterio mediante falsos docentes
La Fiscalía General de la Nación vinculó a dos familiares señalados de desviar recursos del Sistema General de Participaciones durante catorce años.
Montería
La administración pública en el departamento de Córdoba enfrenta un nuevo capítulo de cuestionamientos tras la contundente acción judicial liderada por una fiscal de la Seccional Córdoba, adscrita a la Unidad de delitos contra la Administración Pública.
En un operativo que pone al descubierto un sofisticado esquema de corrupción, fueron judicializados Abel José Narváez Contreras y su sobrino, Octavio Narváez Villar. Ambos hombres son señalados como los presuntos responsables de un entramado criminal que permitió la apropiación ilegal de cuantiosas sumas de dinero destinadas originalmente a la educación.
Según el ente acusador, los procesados habrían incurrido en los delitos de peculado por apropiación y falsedad material en documento público, afectando gravemente la integridad de los recursos estatales durante más de una década de operaciones sostenidas.
Un esquema de corrupción prolongado en el tiempo
El material probatorio recaudado por la Fiscalía evidencia que las maniobras irregulares no fueron un evento aislado, sino una conducta sistemática que se extendió desde el 22 de noviembre de 2010 hasta el 20 de mayo de 2024.
Durante estos catorce años, los implicados habrían coordinado esfuerzos para reclutar a 71 personas, a quienes hicieron pasar fraudulentamente como docentes del magisterio para acceder a pagos de nómina.
La investigación detalla que Narváez Contreras desempeñaba el rol de captador, encargándose de ubicar y convencer a ciudadanos particulares para que facilitaran sus nombres y cuentas bancarias. A cambio de prestar su identidad para este fraude, los participantes recibían dádivas económicas, permitiendo que se concretaran las irregularidades financieras que hoy son objeto de sanción penal por parte de las autoridades competentes.
La infiltración en la Secretaría de Educación
Para que el engaño tuviera éxito, fue fundamental la participación interna desde la institucionalidad. En este sentido, la Fiscalía estableció que Octavio Narváez Villar aprovechó de manera indebida su posición como auxiliar administrativo de la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba.
Desde este cargo estratégico, el procesado se encargaba de validar los documentos falsos que acreditaban a los supuestos educadores. Bajo esta modalidad, se registraron al menos 353 vinculaciones laborales inexistentes, creando una planta docente paralela que solo existía en el papel.
Esta manipulación documental permitió que el departamento reconociera y pagara salarios y prestaciones sociales a individuos que jamás ejercieron labores pedagógicas, desviando así los fondos que debían garantizar el derecho a la educación en el departamento.
Impacto financiero y medidas judiciales
El detrimento patrimonial calculado por los investigadores asciende a más de 4.915 millones de pesos. Estos recursos, pertenecientes al Sistema General de Participaciones, representan una afectación directa a la inversión social del departamento.
Ante la contundencia de las pruebas presentadas durante las audiencias concentradas, tanto Narváez Villar como Narváez Contreras optaron por admitir su responsabilidad frente a los cargos imputados por el ente investigador.
Tras considerar la gravedad de los hechos y la aceptación de cargos, un juez con función de control de garantías dictó la medida de aseguramiento correspondiente. Los dos implicados deberán cumplir con la detención preventiva en sus residencias mientras avanza el proceso judicial para determinar la sentencia definitiva por este millonario desfalco al erario.
Juan Guillermo Castro Pineda
Comunicador Social – Periodista con trayectoria en medios impresos, radiales y digitales. Ganador del...
