Red de Veedurías denuncia maniobras en millonario contrato de acueducto en Cúcuta
La Red solicita una intervención urgente de la Procuraduría para frenar cualquier cesión irregular.

Acueducto (Wikipedia.org)
Un documento enviado a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General por la Red de Veedurías, advierte sobre una presunta irregularidad alrededor del contrato de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Cúcuta, que compete al alcalde Jorge Acevedo, al Gerente de Servicios Públicos Diego Mora y a empresas del sector.
El documento que fue dirigido al Procurador Delegado Preventivo y de Control de Gestión Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, señala que la actuación del gerente de la EIS Cúcuta y del alcalde municipal evidenciaría “negligencia y eventual prevaricato por omisión en el cumplimiento de las labores de los funcionarios públicos”, en medio de decisiones que habrían generado un grave impacto sobre recursos públicos.
Cabe recordar, que la Procuraduría General de la Nación ya había advertido al alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo y al gerente de la E.I.S. de la ciudad Diego Mora, esto por omisiones en la adopción de decisiones contractuales frente al contrato de operación del servicio público acueducto y alcantarillado.
El documento indica, que podría existir irregularidades para forzar la cesión de un multimillonario contrato: según la denuncia, se habría puesto en marcha “una estrategia soterrada que es urdida desde la gerencia de la EIS Cúcuta S.A. E.S.P.” con el propósito de transferir el contrato de operación 030 de 2026″, señala la misiva.
La situación, advierte el documento, coincide con rezagos millonarios en inversiones que afectarían la calidad y cobertura de los servicios públicos en la ciudad y su área metropolitana.
La Veeduría afirma que busca “encender todas las alarmas posibles para evitar que en la ciudad de Cúcuta se cometa un detrimento patrimonial y un desastre ambiental y de salubridad pública”.
Por ello, solicita una intervención urgente de la Procuraduría para frenar cualquier cesión irregular y garantizar la continuidad del servicio bajo condiciones de legalidad y transparencia.



