Defensoría destaca llamado de atención de la Corte por crisis en el Catatumbo
El Ministerio público pide al gobierno cumplir con la atención humanitaria
Defensoría del Pueblo destaca conminación de la Corte al gobierno por crisis en el Catatumbo / Foto Archivo
Cúcuta
A través de un comunicado la Defensoría del Pueblo destaca la decisión de la Corte Constitucional de proferir el Auto 002 de 2026, mediante el cual las Salas Especiales de Seguimiento a las sentencias T-025 de 2004 y SU-020 de 2022 requieren a autoridades del orden nacional y territorial informar y dar cuenta de las acciones adoptadas para atender los riesgos advertidos en la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 017 de 2025, emitida para el municipio de Tibú, en la regional del Catatumbo.
Dice el ministerio público que “la ATI 017 de 2025 evidenció la configuración de dos escenarios de riesgo: (i) la intensificación de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc – Frente 33 “Mariscal Antonio José de Sucre”, Bloque Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte”; y (ii) la consolidación del control territorial ejercido por el ELN con la imposición de normas de conducta, así como con la regulación y control de la movilidad y la vida comunitaria".
Durante diciembre del 2025 y enero del 2026, se registró un recrudecimiento de la confrontación armada en el Catatumbo, acompañado de la exacerbación de la crisis humanitaria que afecta a la subregión.
Señala en particular, los corregimientos Pachelli, Angalia y Las Palmeras (kilómetros 14 y 16), en el municipio de Tibú, así como el corregimiento Filogringo, en el municipio de El Tarra, fueron escenario de desplazamientos forzados, confinamientos, uso de vehículos no tripulados (drones), presencia de artefactos explosivos y otras graves afectaciones a las comunidades.
La Alerta Temprana advirtió estos escenarios de riesgo. Ante la materialización de los mismos, la Defensoría del Pueblo informó al Ministerio del Interior sobre su consumación el 31 de diciembre del 2025, y exhortó a las autoridades a implementar de manera urgente el plan de acción con base en las recomendaciones para mitigar dichos riesgos.
Estas afectaciones fueron constatadas de manera directa por la Defensoría del Pueblo durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026 en el Catatumbo, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en calidad de Comisión Humanitaria.
En este contexto, la Defensoría resalta la decisión de la Corte Constitucional de emitir el Auto 002 de 2026 por parte de las Salas Especiales de Seguimiento a las sentencias T-025 de 2004 y SU-020 de 2022.
Mediante esta providencia, la Corte requiere al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra informar sobre los planes de respuesta adoptados para proteger a la población civil y garantizar sus derechos fundamentales frente a los riesgos advertidos en la ATI 017 de 2025.
En consecuencia, la Defensoría insta al Gobierno nacional a dar pleno cumplimiento al Auto 002 de 2026 en los términos judiciales establecidos, y exhorta a las autoridades nacionales y territoriales a implementar de manera urgente las acciones necesarias para cumplir con las recomendaciones de la ATI 017 de 2025 y prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de las comunidades del Catatumbo.
