Ejército desmantela 17 frentes de minería ilegal en Remedios y golpea finanzas del Clan del Golfo
La operación se desarrolló en veredas del Nordeste antioqueño y dejó maquinaria incautada, dragas destruidas y una afectación económica superior a los $3.100 millones.
Cortesía: Décima novena Brigada
Antioquia
Una operación militar contra la minería ilegal permitió la intervención de 17 Unidades de Producción Minera (UPM) en zona rural del municipio de Remedios, actividad que, según las autoridades, servía como fuente de financiación para la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo.
La acción fue adelantada por tropas del Batallón de Selva N.° 55 de la Décima Novena Brigada del Ejército Nacional, en articulación con la Unidad Nacional de Intervención contra la Minería Criminal (UNIMIL), en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus. De acuerdo con información oficial.
Dónde se dieron las intervenciones
La operación se concentró en las veredas Matuna, Cachamal y Otú, tras labores de inteligencia militar que permitieron ubicar los puntos de explotación ilícita.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una retroexcavadora, dos excavadoras, un bulldozer, un tractor y una volqueta, además de 12.220 galones de combustible, cinco metros cúbicos de material de arrastre y dos kilogramos de mercurio, sustancia altamente contaminante que, según el Ejército, iba a ser utilizada en procesos de extracción y cuyo vertimiento en fuentes hídricas fue evitado.
Asimismo, y conforme a los protocolos legales, se realizó la destrucción controlada de cuatro dragas tipo buzo, 34 motores eléctricos, 19 motores diésel, 11 motores industriales y 23 motobombas, infraestructura clave para el funcionamiento de estas explotaciones ilegales.
Impactos económicos y pronunciamiento del Ejército
Las autoridades estiman que el impacto económico de esta operación supera los $3.171 millones de pesos, lo que representa un golpe significativo a la capacidad logística y financiera de esta estructura armada ilegal en el Nordeste antioqueño, una subregión históricamente afectada por la minería ilícita y sus consecuencias ambientales y sociales.
Desde el Ejército Nacional señalaron que este tipo de operaciones buscan, además de afectar las economías ilegales, mitigar el deterioro ambiental asociado a estas prácticas, como la degradación del suelo, la deforestación y la contaminación de fuentes hídricas, que ponen en riesgo la fauna, la flora y las comunidades que habitan estos territorios.
La Fuerza Pública aseguró que continuará desarrollando acciones sostenidas contra la minería ilegal en Antioquia, una actividad que sigue siendo uno de los principales motores financieros de los grupos armados organizados en varias zonas del departamento.
