Consejo Gremial pide hundir el decreto de emergencia económica: “Irene Vélez firmó sin ser ministra”

El Consejo Gremial Nacional le remitió un documento a la Corte Constitucional, específicamente al magistrado Carlos Camargo, pidiéndole hundir totalmente el decreto de emergencia económica, que expidió el 22 de diciembre del año pasado, con el que el Gobierno pudo imponer impuestos a diversos sectores.

El documento del grupo de gremios señala que ninguna de las circunstancias en las que se funda la declaratoria de emergencia presenta el carácter de sobreviniente exigido por la Constitución.

Es decir, para el Consejo Gremial “el Presidente de la República incurrió en vicios sustanciales en la valoración de los hechos invocados como fundamento de la declaratoria, al calificarlos de manera arbitraria y errónea en cuanto a su supuesta sobreviniencia, gravedad e inminencia”.

Un hecho que llama la atención, es que el grupo de gremios revela que una de las personas que suscribió el decreto carecía de la competencia constitucional y legal necesaria para firmarlo, al no encontrarse válidamente investida del empleo de Ministro al momento de su firma.

“En efecto, el decreto fue suscrito, entre otros, por la doctora Irene Vélez Torres, quien actuaba como Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible en condición de encargada. Dicho encargo tuvo origen en el Decreto 877 del 5 de agosto de 2025, expedido tras la renuncia de la titular del despacho”.

La continuidad válida del encargo exigía, de manera ineludible, la expedición de un acto administrativo expreso de prórroga por parte de la autoridad nominadora

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Un encargo, que según advierte el documento podía ser prorrogado hasta por tres meses.

“Así las cosas, dado que el encargo de la doctora Irene Vélez Torres inició el 5 de agosto de 2025, es claro que su término inicial de tres (3) meses se extendía, como máximo, hasta el 5 de noviembre de 2025. A partir de esa fecha, la continuidad válida del encargo exigía, de manera ineludible, la expedición de un acto administrativo expreso de prórroga por parte de la autoridad nominadora, esto es, del Presidente de la República, dentro de los márgenes temporales previstos por la ley”, se lee.

Sin embargo, este caso alega que no hay prueba alguna de la expedición de un acto administrativo que haya prorrogado el encargo conferido a la doctora Irene Vélez Torres con posterioridad al vencimiento del término inicial.

Finalmente, el decreto responde uno a uno a los argumentos del Gobierno señalando por qué no son hechos excepcionales que ameriten una emergencia económica.

Por ejemplo, señala que la crisis del sistema de salud es estructural; que los problemas de seguridad son crónicos y persistentes y que la no aprobación de la reforma tributaria es una posibilidad normal en un país democrático.