¿Por qué un Airbnb cuesta $90 millones en Medellín durante concierto de Bad Bunny? Dueño explicó

Los tres conciertos que el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny está dando este fin de semana en Medellín han puesto en el centro de la polémica los alojamientos turísticos de la ciudad tras numerosas denuncias en los precios y cancelaciones de reservas reemplazadas a última hora por nuevas y exorbitantes ofertas.

Las quejas, difundidas por turistas y usuarios en redes sociales y medios de comunicación, señalan principalmente a viviendas turísticas y plataformas de alquiler temporal, como Booking y Airbnb, a través de las cuales algunas reservas hechas con meses de anticipación fueron canceladas para volver a ofrecerlas a precios que en algunos casos superan los 8.000 dólares por noche.

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¿Cómo están los costos de alojamiento en Medellín durante el concierto de Bad Bunny?

Entre los más escandalosos está el de un apartamento en el exclusivo barrio de El Poblado, ofrecido en alquiler por cuatro días por 98 millones de pesos (unos 27.000 dólares), o apartamentos pequeños, con una sola cama, por 23 millones de pesos (unos 6.330 dólares) por dos noches.

Para los menos pudientes hay otras opciones, como una habitación sin baño en un barrio marginal por un millón de pesos (unos 275 dólares) las dos noches.

Estas son algunas de las denuncias conocidas en el Noticiero del Mediodía, de Caracol Radio:

¿Por qué subieron los precios de Aibnb en Medellín sobre los 90 millones de pesos?

En una entrevista con el medio antioqueño Telemedellín, Sebastián Barrada, dueño de un hospedaje Airbnb que subió su precio hasta superar los 90 millones de pesos, aseguró que elevó el costo por una estrategia comercial para no ser sancionado.

Según explicó, los dueños no pueden bloquear las noches que se reservan porque la plataforma puede penalizarlos.

“Digamos, tú me reservas para tu familia este fin de semana, yo lo que hago es que no bloqueo la noche por estrategia, por conocer el negocio, lo que yo hago es que subo el precio exageradamente para que nadie me reserve”, aseguró.

El caso es que, contrario a lo que advierte Barrada, los términos y condiciones de Airbnb exponen que el anfitrión está en completa libertad de bloquear algunos días para evitar reservas, así como de establecer los precios sin extralimitarse, pues podría incurrir en una sanción por malas prácticas.

“Como anfitrión, puede marcar como disponible cualquier fecha de su calendario, excepto aquellas correspondientes a reservaciones que haya cancelado, los días que aparezcan como reservados por la vinculación o sincronización con otros calendarios, o las fechas que se encuentren bloqueadas por motivos legales o normativos”, dice Airbnb.

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¿Cuál es la respuesta de las autoridades en Medellín?

“La Administración de Medellín no permitirá abusos ni prácticas especulativas”, declaró el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, al tiempo que calificó la llegada del artista como “una oportunidad inmensa” para la economía local.

El mandatario aseguró que su despacho “ha recibido denuncias formales y ya solicitó a representantes de Airbnb en América Latina investigar los casos reportados”, con la posibilidad de sancionar o expulsar de la plataforma a los anfitriones que incumplan las reglas.

En la misma línea, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad competente en estos casos, advirtió que los prestadores de servicios de alojamiento turístico están obligados a respetar las condiciones pactadas en las reservas.

“Las cancelaciones unilaterales pueden dar lugar a sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de la obligación de compensar o reembolsar a los consumidores afectados, conforme a la Ley General de Turismo”, precisó la entidad.

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En Colombia, los servicios de alojamiento turístico, incluidos los ofrecidos a través de plataformas digitales, están regulados por la Ley General de Turismo y sus normas complementarias, que obligan a los prestadores a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo (RNT), respetar las condiciones ofrecidas al consumidor y responder por eventuales incumplimientos.

Estas actividades también están sujetas a la vigilancia de la SIC, que puede imponer sanciones económicas y ordenar compensaciones a los usuarios en casos de prácticas abusivas o contrarias al régimen de protección al consumidor, especialmente en contextos de alta demanda como eventos masivos.

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