Impuesto al licor dispararía precios y pondría en riesgo recursos para salud y educación en el Valle
El alza tributaria al licor podría encarecer hasta en $30.000 el precio por botella y reducir los recursos que el departamento destina a salud, educación y deporte.
Sube el impuesto al licor y el Valle advierte impacto en precios y financiación social.
Una botella de licor que hoy circula en el mercado por poco más de $40.000 podría superar los $70.000 en las próximas semanas. Ese es el principal efecto que, según autoridades y el sector licorero del Valle del Cauca, traería el aumento al impuesto al consumo decretado por el Gobierno Nacional.
Desde la Gobernación del Valle se advirtió que el incremento en los precios finales puede empujar a los consumidores hacia el mercado ilegal, una situación que ya ha generado pérdidas significativas en años anteriores.
La gobernadora Dilian Francisca Toro alertó que el contrabando y la adulteración no solo afectan las finanzas públicas, sino que representan un riesgo para la salud de la población.
Botellas más caras, menor recaudo
Proyecciones de la Industria de Licores del Valle indican que el impacto del nuevo impuesto elevaría el precio por botella en cerca de $30.000, un aumento que cambiaría el comportamiento del mercado y pondría presión sobre las ventas legales.
Para el gerente de la Industria de Licores del Valle (ILV), José Moreno, el escenario es complejo tanto para las licoreras oficiales como para los departamentos que dependen de estas rentas. A su juicio, el incremento de precios rompe el equilibrio entre recaudo, competitividad y control del mercado ilícito.
Licoreras cierran filas
Ante este panorama, las licoreras oficiales del país manifestaron su respaldo a los gobernadores que han expresado preocupación por los efectos de la medida.
El sector advierte que, de mantenerse el esquema actual, el impacto no será inmediato en recaudo, sino progresivo en la reducción de ingresos destinados a inversión social.
El debate ahora se centra en cómo mitigar los efectos del nuevo impuesto sin debilitar una de las principales fuentes de financiación para programas sociales en las regiones.
