“Proteger a los niños nos quedó grande como país”: directora de Vivamos Humanos sobre el Catatumbo

La crisis humanitaria en el Catatumbo volvió al centro del debate público este martes 20 de enero durante el foro “Catatumbo en guerra: un año de la crisis humanitaria”, convocado por la ONG Vivamos Humanos.

En el espacio se dispuso de dos paneles donde la Mesa Humanitaria del Catatumbo, víctimas y defensores de derechos humanos alertaron sobre el impacto sostenido del conflicto armado en la población civil.

Lea también: ONU pide acciones urgentes del Estado para proteger a comunidades y líderes en el Catatumbo


Camila Cuasialpud, directora de Vivamos Humanos, afirmó que el país enfrenta una de las emergencias humanitarias más graves de las últimas décadas. Más de 100.000 personas desplazadas, veredas enteras vacías y miles de familias confinadas.

“Son cifras que deberían estar acompañadas de pañuelos de lágrimas”, dijo Cuasialpud, al advertir que el desplazamiento ha fracturado la vida comunitaria en la región.

Uno de los focos principales del foro fue la situación de la niñez y adolescencia. Carmen García, integrante de la Mesa Humanitaria del Catatumbo y presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, advirtió que el inicio del calendario escolar es una situación que no tiene posibilidades para llevarse a cabo para los niños y niñas del territorio.

“En el Catatumbo todavía no ha empezado la época escolar por todo el desplazamiento, pero la situación es muy difícil porque van a ser muchos los niños que no van a poder ir a clase”, afirmó.

Según explicó, el riesgo no se limita solo a la falta de infraestructura. La presencia de minas antipersonal, los enfrentamientos armados y el uso de drones han convertido los trayectos y las escuelas en espacios inseguros y el miedo constante de los hijos del Catatumbo. “Los drones no están respetando ni las escuelas de niños”, señaló durante su intervención en el foro.

Lea también: Trabajadores de la UNP protestan por riesgos en traslados hacia el Catatumbo

A estas barreras se suma el impacto emocional que deja la guerra. García alertó sobre las afectaciones en salud mental que enfrentan los menores, muchos de ellos víctimas directas de la violencia.

“Es el daño psicológico que tienen estos niños hoy en día, preocupante, porque muchos han tenido que separarse de sus mamás, a otros les han matado el papá o les han desaparecido un hermano”, relató.

El desplazamiento no es un caso aislado, pues la ausencia de docentes y de atención psicosocial en los territorios ha afectado directamente a los niños, sumado a que se ha incrementado el riesgo de reclutamiento forzado y utilización de menores por parte de los grupos armados.

Desde el ámbito jurídico y de derechos humanos, Judith Maldonado Mojica, abogada y activista social, señala que la crisis está marcada por un subregistro masivo de víctimas.

“Las personas que salieron desplazadas desde diciembre aún no han podido declarar su hecho victimizante, y quienes lo hicieron no han sido valoradas ni registradas”, indicó y, de igual forma, fue enfática en que la falta de garantías impide el retorno seguro de las comunidades y agrava la vulneración de derechos.

Ante la ausencia de una respuesta estatal suficiente, organizaciones comunitarias han asumido tareas de protección.

García explicó que la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, que agrupa a cerca de 850 mujeres, creó la fundación Hijos Víctimas del Catatumbo para ofrecer educación alternativa y actividades deportivas. “La idea en este momento es proteger, pero no alcanzamos. Por eso necesitamos la presencia del Gobierno Nacional”, afirmó.