ONU pide acciones urgentes del Estado para proteger a comunidades y líderes en el Catatumbo
Campbell recomendó acciones amplias de desminado humanitario en entornos escolares y en vías de acceso, como condición previa a cualquier retorno a clases presenciales.
Scott Campbell
Colombia
El representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Scott Campbell, pidió al Estado colombiano implementar medidas colectivas de protección para comunidades y organizaciones sociales del Catatumbo, una de las zonas más afectadas por la crisis de seguridad y las violaciones a los derechos humanos.
Campbell recomendó fortalecer el trabajo de la Fiscalía en la investigación de homicidios de personas defensoras de derechos humanos y en el esclarecimiento de las múltiples vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se registran en la región.
También pidió integrar al Catatumbo entre las regiones priorizadas para la implementación de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales.
El representante de la ONU también hizo un llamado para que sesione la Comisión para las Garantías de Seguridad, con énfasis en líderes comunales, y se coordinen medidas efectivas que permitan generar condiciones de seguridad de cara al desarrollo pacífico de los procesos electorales en la zona.
En materia de niñez y educación, Campbell recomendó acciones amplias de desminado humanitario en entornos escolares y en vías de acceso, como condición previa a cualquier retorno a clases presenciales, con el fin de proteger la vida de niñas y niños.
Adicionalmente, urge a acelerar en los próximos meses la implementación del Pacto Social por la Transformación Territorial del Catatumbo, sobre todo garantizando la participación de los movimientos y organizaciones históricas del territorio.
Finalmente, Campbell pidió que la Fuerza Pública retome el control territorial con pleno respeto de los derechos humanos y el DIH, y que, de manera paralela, ingrese la institucionalidad civil de forma integral, permanente y coordinada, como base para la gobernanza territorial y la consolidación del Estado Social de Derecho en la región.
