Trump insiste en retirar fondos a ciudades con políticas para proteger a migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este miércoles 14 de enero, en que su Gobierno retirará los fondos federales a las ciudades que tengan políticas para no perseguir y proteger a las comunidades migrantes y aseguró que estas jurisdicciones dejarán de recibir dinero gubernamental el 1 de febrero.

Así lo anunció el mandatario en una publicación en la plataforma Truth Social, donde recalcó que las ciudades que su Administración llama “santuario” solo “traen crimen y violencia”.

Durante su primer año de mandato, el Gobierno de Trump ha intentado en múltiples ocasiones penalizar a las ciudades, en su mayoría gobernadas por el Partido Demócrata, donde existen normas que se limita la colaboración de la policía local con los agentes de migración.

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Estos intentos se han enfrentado a obstáculos jurídicos y ya han sido objeto de nuevas demandas y sentencias preliminares que bloquean su ejecución.

Hasta ahora, los tribunales federales han sido consistentes en limitar severamente la capacidad del Ejecutivo para condicionar o retirar financiación aprobada por el Congreso con el fin de presionar a ciudades consideradas “santuario”.

En abril, Trump firmó un decreto para judicializar a las ciudades del país que no colaboran con los agentes de migración y ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) y el de Seguridad Nacional (DHS) a elaborar una lista de las localidades que, a juicio del Gobierno, “obstruyen el ejercicio de la ley federal de inmigración”.

Esta lista, ya hecha pública por el DOJ incluye a 11 estados, entre ellos California, Oregón, llinois, Minesota y Nueva York y 18 ciudades, incluyendo San Francisco, Boston, Chicago, Nueva Orleans y Denver.

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Las medidas tildadas por el Gobierno de Trump como “santuario” han sido defendidas por los Gobiernos locales y organizaciones asegurando que fortalecen la relación entre la policía local y las comunidades migrantes, permitiendo que las personas denuncien crímenes o colaboren con las autoridades sin miedo a ser deportadas.

Bajo la ley estadounidense, vivir en el país sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil.