Denuncian que un terrateniente estaría explotando ilegalmente un predio de la SAE en Córdoba
El líder social Miguel Martín hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro y a la presidencia de la SAE para que intervengan el predio de manera inmediata.
Miguel Martín Peña, líder social de Córdoba.
Montería
Una grave denuncia pública ha puesto en la mira el manejo de los bienes del Estado en Córdoba. Líderes sociales y defensores de derechos humanos aseguran que el predio estatal “El Arbolito” (también conocido como Villa Leticia), ubicado en Tierralta y bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), está siendo usufructuado de manera irregular por un particular.
El defensor de Derechos Humanos, Miguel Martín, hoy candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, alertó que mientras las asociaciones campesinas que aspiran a trabajar la tierra son víctimas de amedrentamientos, un tercero utiliza este terreno de la Nación para actividades de ganadería, cultivos a gran escala y extracción de material de arrastre del río Sinú.
“El mundo al revés”: El reclamo de las comunidades
La denuncia enfatiza una contradicción profunda en el acceso a la tierra. Según Martín, es inaceptable que un privado explote comercialmente un activo del Estado mientras las comunidades rurales que buscan el sustento legal son perseguidas.
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“No podemos permitir que el mundo siga al revés. Las asociaciones campesinas quieren sembrar la tierra y reciben amedrentamientos, mientras un privado explota lo que es de la Nación”, manifestó el líder social.
Llamado urgente al Gobierno Nacional
Ante la gravedad de los hechos, el defensor hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro y a la presidencia de la SAE para que intervengan el predio de manera inmediata. La solicitud busca que el terreno sea recuperado y entregado formalmente a las familias campesinas en el marco de la Reforma Agraria.
Asimismo, se pidió la intervención de organismos de control como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría Agraria y Procuraduría del Acuerdo de Paz.
El objetivo es que se investiguen las amenazas contra los líderes rurales y se garantice que los bienes destinados a la paz y la redistribución de tierras no sigan en manos de particulares que los explotan sin título legal.
La comunidad de la zona, incluyendo sectores de Tierralta, se ha unido a este clamor exigiendo que se cumplan las promesas de justicia social en el campo cordobés.
