Defensoría pide a autoridades respetar fallo de la Corte IDH sobre exterminio de la Unión Patriótica
El pronunciamiento se da tras declaraciones realizadas por la senadora María Fernanda Cabal, quien negó la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos contra la UP.
Colombia
La Defensoría del Pueblo hizo una invitación pública a las autoridades y servidores públicos del país para que respeten la verdad judicial establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia que declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el exterminio del partido político Unión Patriótica (UP).
¿Por qué se dan las declaraciones?
Estas declaraciones se dan tras declaraciones realizadas en octubre del año pasado por la senadora María Fernanda Cabal, quien negó la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos contra la UP, atribuyéndolos exclusivamente a las extintas FARC y al ELN.
La Defensoría dice que esas afirmaciones de la senadora contradicen lo determinado por la Corte IDH en la sentencia del 27 de julio de 2022, en la que se concluyó que agentes estatales participaron directa e indirectamente en un patrón de violencia contra los integrantes y militantes de ese movimiento político.
Rectificación
Según la Defensoría, a raíz de estas declaraciones y por solicitud de la Corporación Reiniciar, se pidió a la congresista rectificar la información.
No obstante, la senadora se negó, amparándose en su derecho a la libertad de expresión. Frente a ello, el organismo de control recordó que quienes ejercen funciones públicas tienen una responsabilidad reforzada en la protección del debate democrático, la memoria histórica y los derechos humanos.
En su comunicación, la Defensoría resaltó que la Corte IDH documentó cuatro periodos de victimización de la Unión Patriótica entre 1984 y 2002, caracterizados por asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamientos y una sistemática estigmatización política.
El fallo señala que esta violencia fue alimentada por discursos que calificaban a la UP como “enemigo interno” o “brazo armado” de las guerrillas, lo que legitimó acciones de tipo contrainsurgente contra sus integrantes.
El tribunal internacional también concluyó que estas prácticas impidieron el ejercicio pleno de los derechos políticos, de expresión y de reunión de los integrantes de la UP, y llevaron al exterminio del partido como proyecto político legal.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado enfático a la sociedad y, en especial, a los funcionarios públicos y líderes de opinión, para que se abstengan de emitir declaraciones que nieguen el exterminio de la Unión Patriótica, desconozcan la responsabilidad del Estado o estigmaticen a sus víctimas y sobrevivientes.
Recordó que desconocer una sentencia judicial en firme mina las bases del Estado de Derecho y vulnera obligaciones constitucionales e internacionales.
