Cumbre de personeros en Cali ante desplazamiento masivo de familias desde Buenos Aires, Cauca
Con las 20 familias que llegaron este martes 13 de enero a la Capital del Valle, ya son 520 familias desplazadas por la violencia.
Personeros del Cauca, Nariño, Huila, Putumayo y Caquetá, se reunirán en Cali para analizar el desplazamiento de familias desde el Cauca.
Ante la grave situación de orden público y las afectaciones directas a los Derechos Humanos que hoy padece el suroccidente del país, ante el flujo de familias que aún siguen llegando desplazadas a Cali, desde el Cauca, los personeros del Cauca, Nariño, Huila, Putumayo y Caquetá se reunirán este miércoles, de manera privada en Cali, para analizar el panorama y tomar acciones conjuntas
El personero Distrital de Cali, Gerardo Mendoza convocó a este Cumbre del suroccidente del país como respuesta al recrudecimiento del conflicto armado en varios territorios de esta sección del país, que ha derivado en desplazamientos forzados, amenazas contra la población civil, confinamientos y múltiples vulneraciones a los Derechos Humanos en varias poblaciones.
Igualmente, recordó que “las acciones de actores al margen de la ley han convertido a la capital del Valle del Cauca en uno de los principales puntos de llegada de personas que huyen de la violencia, especialmente desde municipios del norte del Cauca”.
El personero de Cali, Gerardo Mendoza precisó que su despacho ha registrado en los primeros días de este 2026, el arribo a Cali de más de 500 personas desplazadas, como consecuencia de acciones armadas ilegales, amenazas directas y la instalación de artefactos explosivos improvisados en zonas rurales y urbanas de localidades del norte caucano.
“Además del desplazamiento, existe una preocupación creciente por el riesgo de reclutamiento forzado de menores y el impacto sicológico que la violencia está generando en las comunidades afectadas”, explicó.
“Estamos viendo como las familias abandonan sus territorios para salvaguardar la vida, especialmente cuando hay amenazas de muerte, presencia de explosivos y presión de los grupos armados sobre niños y jóvenes, de ahí que la situación no admite indiferencia institucional ni del Gobierno Nacional”, advirtió Gerardo Mendoza.
Gerardo Mendoza instó al Alto Gobierno y a los diversos organismos gubernamentales a fortalecer políticas de prevención, protección y atención integral a las víctimas, así como garantizar condiciones de seguridad que permitan a las comunidades permanecer en sus territorios sin poner en riesgo su vida.
