Gobierno prórroga Zona de Ubicación Temporal en el Catatumbo en medio de crisis de violencia
La decisión se da mientras la región enfrenta una grave crisis humanitaria por los enfrentamientos entre las disidencias del Frente 33, al mando de alias ‘Calarcá’, y el ELN.
Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /
Colombia
En medio del aumento de la violencia en el Catatumbo, producto de los enfrentamientos armados entre las disidencias del Frente 33 de las FARC, lideradas por alias ‘Calarcá’, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Gobierno nacional decidió prorrogar por siete meses la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) instalada en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.
La medida quedó establecida en la Resolución 474 del 23 de diciembre de 2025, firmada por el presidente de la República, con el objetivo de permitir cumplir con los acuerdos adquiridos dentro del proceso de paz que el Gobierno adelanta con el Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, al cual pertenece el Frente 33.
Según el documento, la prórroga busca garantizar el plan de alistamiento y el ingreso gradual de los integrantes del Frente 33 a la ZUT, así como dar continuidad a los acuerdos alcanzados durante el VII ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz, en los que se pactaron compromisos de desescalamiento del conflicto, protección de menores, transformación territorial, sustitución de cultivos ilícitos, protección ambiental y garantías electorales, aun sin la existencia de un cese al fuego formal.
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La decisión presidencial se produce en un contexto especialmente complejo para el Catatumbo.
En las últimas semanas, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias han provocado desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades, homicidios y una fuerte presión sobre la población civil, que queda atrapada en medio de la disputa por el control territorial y de economías ilegales.
En la resolución, el Gobierno recalca que la ZUT no constituye una zona de despeje, y que en ella debe garantizarse el pleno ejercicio del Estado de Derecho, así como el funcionamiento de las instituciones públicas para proteger los derechos de la población civil.
Todo esto mientras avanzan los diálogos, comunidades, organizaciones sociales y autoridades locales insisten en la urgencia de medidas integrales de seguridad y atención humanitaria, para evitar que la crisis actual siga cobrando víctimas y profundizando la inestabilidad en esta estratégica zona del nororiente colombiano.
