Decreto de emergencia económica no toca el bolsillo de clases medias ni las populares: Minjusticia

El decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional, que incluye medidas tributarias, ha generado una intensa discusión en Colombia. Diversos juristas y sectores políticos han señalado que el decreto podría ser inconveniente, ilegal e incluso inconstitucional, razón por la cual han solicitado a la Corte Constitucional que lo revise y eventualmente lo tumbe.

Sin embargo, el ministro de justicia, Andrés Idárraga, defendió la decisión argumentando que no se trata de endeudamiento para financiar gasto corriente ni nuevas inversiones, sino de una respuesta necesaria tras la negativa del Congreso de la República a aprobar los proyectos de financiación presentados.

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“Hoy decimos, necesitamos que los mega ricos en el país aporten luego de que han multiplicado su riqueza, no estamos tocando el bolsillo de las clases medias ni de las clases populares. Estamos hablando de cómo una la caída de la ley en el Congreso de la República ha conllevado, por ejemplo, unos aumentos de particularmente intereses a la deuda” afirmó

¿Por qué el Gobierno declaró la emergencia económica?

Según el Ejecutivo, la emergencia se justifica por el impacto macroeconómico que dejó la caída de las reformas tributarias en el Congreso, lo que obligó al Estado a endurecer sus condiciones de deuda y a dejar garantías de corto plazo en la banca nacional e internacional, recursos que deberán recuperarse en el corto tiempo.

Uno de los puntos centrales del debate es el pago de la actualización de la UPC en salud, ordenado por la Corte Constitucional, que asciende a 2,7 billones de pesos. Aunque algunos críticos aseguran que este gasto era previsible, el Gobierno explica que el principio de anualidad presupuestal impide incorporar ese monto de manera inmediata en el presupuesto de fin de año, lo que refuerza , según su postura, la existencia de un hecho económico sobreviniente.

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¿Qué pasaría si la Corte Constitucional tumba el decreto?

Una de las mayores inquietudes gira en torno a las consecuencias si la Corte Constitucional declara inconstitucional el decreto de emergencia. En ese escenario, el propio ministro reconoció que los recursos recaudados por concepto de impuestos o incrementos derivados del decreto tendrían que devolverse, aunque aclaró que ese procedimiento correspondería al Ministerio de Hacienda.

No obstante, el ministro de justicia insiste en que una decisión adversa podría generar un aumento en el riesgo país, elevar las tasas de interés de la deuda pública y agravar la insostenibilidad de las finanzas públicas, con efectos negativos para toda la economía nacional.

Frente a esto, el Ejecutivo argumenta que la caída reiterada de los proyectos de financiación incrementó el déficit primario, afectó la sostenibilidad de la deuda y obligó a reaccionar de manera extraordinaria. Además, señala que las nuevas medidas no afectan a las clases medias ni populares, sino que buscan que los sectores más ricos del país aporten más, tras haber incrementado significativamente su patrimonio.

Gobierno a la espera del fallo de la Corte

El Gobierno reiteró que respeta las decisiones del Congreso y de la Corte Constitucional, pero advirtió que desconocer el impacto macroeconómico de la situación podría derivar en un deterioro mayor de las finanzas públicas.