Coronel y otros dos implicados no aceptaron cargos por caso helicópteros MI-17
El próximo viernes la Fiscalía solicitará cárcel para los implicados
Legalizan capturas en caso presunta corrupción del contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17
JUDICIAL
La Fiscalía imputó cargos a un coronel y dos exfuncionarios del ministerio de Defensa por el presunto entramado de corrupción en el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 que costó 32 millones de dólares.
De la totalidad del contrato, según la Fiscalía, el contratista solo ejecutó actividades por cerca de 2,6 millones de dólares, sin que hasta la fecha haya sido reintegrado al Ministerio de Defensa el saldo restante, superior a 13 millones de dólares.
Defensa Nacional, Hugo Alejandro Mora Tamayo; y al asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas.
Todos ellos son investigados por los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública, fraude procesal y peculado por apropiación. Los cargos no fueron aceptados.
El rol delictivo de los implicados.
De acuerdo con la investigación, el coronel Rincón Ricaurte, en su calidad de gerente del proyecto, habría refrendado de manera irregular prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado sin soporte alguno que la compañía Vertol Systems Company contaba con experiencia e idoneidad técnica, pese a que el comité evaluador descartó a ese oferente.
Entre tanto, Manrique Cabezas presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo y cambió los requisitos financieros habilitantes.
Finalmente, Mora Tamayo, pese a conocer las irregularidades del proceso y la falta de cumplimiento de los requisitos legales, habría suscrito el contrato, autorizando un anticipo del 50% del valor del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, recursos que fueron consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.
El próximo viernes, se reanudará la audiencia y la Fiscalía pedirá cárcel.
