Analistas advierten fortalecimiento del ELN y alertan por impactos del paro armado
Los analistas coinciden en que la inteligencia militar se ha visto afectada lo que ayuda a fortalecer al ELN.

El reciente paro armado anunciado y ejecutado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) volvió a encender las alertas de expertos en seguridad, quienes advierten un fortalecimiento sostenido de esa guerrilla, una expansión territorial y un escenario de alta vulnerabilidad para el Estado colombiano.
El coronel en retiro Carlos Javier Soler señaló que este es el decimotercer paro armado registrado durante el gobierno de Gustavo Petro, pero advirtió que el actual tiene características particulares que evidencian un reposicionamiento estratégico del ELN.
Según el analista, durante cerca de dos años la Fuerza Pública estuvo limitada por decisiones gubernamentales, lo que permitió al grupo armado reorganizar sus estructuras, fortalecer sus milicias y ampliar su control territorial, especialmente en regiones clave como Arauca, Catatumbo, Bajo Cauca, Norte de Santander y la frontera con Venezuela.
Soler explicó que este fortalecimiento ha tenido consecuencias humanitarias graves, recordando que en disputas recientes se registraron más de 110 homicidios y el desplazamiento de más de 10.000 personas, lo que consolidó al ELN como una organización más robusta y con mayor capacidad de intimidación.
Además, alertó que el Comando Central del ELN opera fuera del país, principalmente entre Cuba y Venezuela, mientras en Colombia se ha fortalecido el ala narcotraficante liderada por alias Pablito, con presuntas alianzas con carteles mexicanos.
El analista también detalló que durante el actual paro armado se han registrado más de 80 eventos violentos, incluyendo quema de vehículos, ataques con explosivos, amenazas urbanas y acciones en corredores estratégicos como el puente entre Puerto Valdivia y Tarazá, el sector de Berlín entre Santander y Norte de Santander, y atentados contra infraestructura vial en el Magdalena Medio.
Asimismo, expresó especial preocupación por el retorno del ELN a Cali, donde se evidencian nuevamente redes de milicias urbanas y uso de explosivos.
Soler cuestionó además el debilitamiento de la inteligencia militar y policial, señalando que la eliminación de capacidades de inteligencia anticipativa impide prevenir ataques y deja a la Fuerza Pública en una posición reactiva.
A esto se suma, según dijo, la alta rotación de mandos militares, que afecta el conocimiento del terreno y la capacidad de respuesta frente a amenazas complejas y regionalizadas.
Por su parte, el analista en seguridad Manfred Grautoff afirmó que el paro armado es una expresión más de un fenómeno estructural: el ELN, aseguró, ha cooptado territorio, contratación estatal, redes sociales y economías ilegales, funcionando en algunos lugares como un “paraestado”.
Grautoff subrayó que el grupo actúa como guerrilla en Colombia y como una estructura de tipo paramilitar en Venezuela, lo que complejiza cualquier estrategia de contención.
Según Grautoff, enfrentar al ELN requiere un enfoque distinto al militar clásico, ya que su principal fortaleza no está únicamente en sus unidades de combate, sino en sus redes de infiltración, control financiero y captura de recursos públicos.
En ese sentido, planteó la necesidad de una ofensiva financiera y anticorrupción sin precedentes, orientada a desmontar los circuitos económicos y de contratación que sostienen al grupo armado.
Ambos analistas coincidieron en que el país atraviesa uno de los escenarios más complejos de los últimos años, marcado por debilitamiento de capacidades de inteligencia, reducción de cooperación internacional y limitaciones investigativas, lo que incrementa el impacto del paro armado sobre la movilidad, la economía y la seguridad de las comunidades.
Mientras tanto, el ELN mantiene acciones de presión armada y control territorial, profundizando un desafío que, según los expertos, exige una respuesta integral del Estado para evitar una mayor consolidación de la guerrilla y un deterioro aún más grave del orden público en varias regiones del país.




