Cinco órdenes de captura por presuntas irregularidades en contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17
Fiscal confirma que ya se hicieron efectivas tres, entre ellos un Coronel del Ejército. Estos son los nombres de los implicados en el presunto entramado de corrupción
Helicópteros MI-17 | Foto: Ejército Colombia
Por petición de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, un juez emitió 5 órdenes de captura contra militares y particulares que estarían implicados escándalo de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional en que se habría perdido 16 millones de dólares.
El Ejército Nacional confirmó que la División de Aviación Asalto Aéreo brindó acompañamiento a la Fiscalía General de la Nación durante el proceso de captura del coronel Julián Rincón, perteneciente al arma de Aviación.
Los implicados
Una en el fuerte militar de Tolemaida, contra el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación del Ejército Nacional; otra en Bogotá, de un asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa; y una más en Manizales, de quien fungió como secretario general del Ministerio de Defensa para la fecha de los hechos.
Otras dos, Carlos Martín Uribe Forero, representante de MI-series Perssonel & Parts; y James Lester Montgomerie, un ciudadano de nacionalidad estadounidense.
Las capturas contra ellos se espera que se hagan efectivas a través de notificaciones rojas de Interpol, en el entendido de que se trata de personas que están fuera del país y serían los representantes de la firma estadounidense.
¿Qué dice el Ejército?
De manera paralela al proceso penal en curso, el Ejército anunció que la autoridad militar competente iniciará de forma inmediata la correspondiente investigación disciplinaria, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos.
El entramado de corrupción
En este caso se ha identificado un direccionamiento ilegal para favorecer al contratista que no tendría la experiencia ni la capacidad técnica para asumir la responsabilidad de mantenimiento, falsedades, anticipos y desembolso de recursos de manera irregular.
En ese sentido, la Fiscalía imputará a los indiciados diferentes delitos, entre estos: falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y peculado por apropiación.
Según la Contraloría el contrato presentaba un riesgo significativo de incumplimiento, dado que registra un avance físico del 8%, mientras que ya se ha desembolsado un pago anticipado correspondiente al 50% del valor total del contrato USD $32.4 millones.
