ONU alerta aumento de violencia política en época preelectoral en Colombia
Entre enero y noviembre, la ONU recibió 198 alegaciones de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos, 18 de ellos, son líderes políticos.
La Unión Interamericana de Organismos Electorales alertan que hay una violencia política destinada a perturbar las instituciones y organismos a cargo de las elecciones en la región, particularmente en América Latina. (Foto: Caracol Radio / Getty)
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió un preocupante deterioro de las condiciones de seguridad y derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025.
En su más reciente informe, la entidad señala el fortalecimiento territorial de grupos armados ilegales, el incremento de la violencia contra líderes sociales y comunidades étnicas, y el resurgimiento de ataques asociados al periodo preelectoral.
Violencia política en el contexto electoral
El informe destaca 18 homicidios de líderes políticos, incluido el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, así como 126 amenazas relacionadas con el periodo preelectoral. La ONU alertó que el clima de intimidación puede afectar gravemente la participación democrática.
Aumento de violencia y control territorial
De acuerdo con ONU-DH, organizaciones criminales y grupos armados han ampliado su dominio en varias regiones de Colombia, recurriendo a estrategias violentas de control social y territorial que afectan gravemente a la población civil.
Entre las comunidades más impactadas se encuentran pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.
La entidad también alertó sobre el uso de la violencia como mecanismo de poder en zonas rurales, lo que destruye procesos organizativos comunitarios y limita la vida social, política y económica de las poblaciones afectadas.
198 homicidios de personas defensoras reportados
Entre enero y noviembre, la ONU recibió 198 alegaciones de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos. De estas, 69 ya fueron verificadas:
• 60 hombres,
• 8 mujeres,
• 1 persona LGBTIQ+.
Otros 61 casos continúan en verificación y 68 fueron catalogados como no concluyentes.
El 30% de los homicidios verificados corresponde a líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC).
Los departamentos más afectados son Cauca, Guaviare, Norte de Santander y Valle del Cauca, donde la expansión armada y las disputas por control territorial siguen siendo críticas.
Masacres en aumento
En el mismo periodo, ONU-DH recibió 83 alegaciones de masacres, con 47 ya verificadas. Los hechos confirmados dejaron 156 víctimas (129 hombres, 20 mujeres, 3 niños y 4 niñas). Las zonas con mayor incidencia son Antioquia, Huila, La Guajira, Norte de Santander, Valle del Cauca y Bogotá.
Violencia basada en género y contra la niñez
La ONU verificó 7 casos de violencia basada en género contra mujeres, niñas y un niño en el marco del conflicto armado. Aunque representan solo una fracción de lo que ocurre, el temor a denunciar y la normalización de la violencia contribuyen al subregistro.
Entre 2022 y 2024 se recibieron 788 denuncias por graves violaciones a los derechos de niños y niñas, de las cuales 658 fueron verificadas. Asimismo, se documentaron 474 casos de reclutamiento de menores por parte de grupos armados, con un impacto notable en comunidades indígenas y afrodescendientes.
Solo entre enero y noviembre de 2025 se confirmaron 126 nuevos casos de reclutamiento, incluidos 44 menores indígenas.
Presuntas ejecuciones y responsabilidad estatal
La ONU registró 20 alegaciones de privaciones arbitrarias de la vida presuntamente cometidas por miembros de la Policía y de las Fuerzas Militares. Los casos fueron remitidos al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.
Recomendaciones y llamado urgente
El organismo subraya la necesidad de:
• fortalecer el rol del Estado como garante de derechos,
• mejorar la coordinación entre ministerios y niveles de gobierno,
• garantizar la protección de líderes sociales y comunidades,
• restablecer espacios cívicos seguros,
• avanzar en políticas de paz, seguridad y desmantelamiento de grupos armados.
