Concejales se defienden de demanda por pérdida de investidura

Cúcuta

Luego que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió una acción de pérdida de investidura contra nueve concejales de Cúcuta, a quienes se les señala de presunta indebida destinación de recursos públicos tras votar a favor del Acuerdo Municipal 020 de 2025, que reestructuró la Personería de la ciudad, los concejales investigados se defienden.

La demanda, presentada por el ciudadano William Augusto Jácome Urrea, sostiene que los corporados habrían aprobado un proyecto que contemplaba el pago de indemnizaciones con ingresos corrientes de libre destinación, lo cual -según el demandante- vulneraría el ordenamiento legal, pues estos recursos no pueden emplearse para obligaciones de carácter extraordinario.

Entre los concejales incluidos en la acción están Víctor Guillermo Caicedo Pinzón, Albert Lufrandy Casadiegos, Edison Ernesto Contreras Rodríguez, Jair Antonio Díaz Ardila, Guillermo León Báez, Sergio David Matamoros Rueda, Álvaro Andrés Raad Forero, Carlos Alberto Dueñas Yaruro, Carlos Luis Chacón Contreras, Jhon Jairo Villamizar Mora y Jefferson Castellanos Silva, todos elegidos para el periodo constitucional 2024–2027.

El concejal por el Centro Democrático Álvaro Raad dijo a Caracol Radio que “lo tomo con tranquilidad, soy respetuoso de la justicia, me sorprende mucho porque acá no existe ilegalidad.El proyecto surtió los trámites normales que se da en una reforma de estas para la personería”.

“Al tener una reestructuración la personería se daba la supresión de algunos cargos, lo cual acarreaba algunas indemnizaciones. Según el estudio en su tramite por el concejo se entendía como lo dice la ley 317 las administraciones son solidarias en estas liquidaciones en temas de recursos en la personería. Nosotros como concejales estamos tranquilos, en esto no hay ninguna ilegalidad, el proyecto de acuerdo goza de legalidad. No se puede hablar de ilegalidad cuando el proyecto de acuerdo esta vivió, no tiene sentido” dijo el dirigente.

Explicó que “ahora lo que nos queda es defendernos, soy respetuoso de la justicia, creo que se volvió costumbre en este concejo por parte de algunos compañeros perseguir de esa forma”.

En el escrito, Jácome advierte que la decisión del Concejo comprometería al municipio en gastos que no cuentan con una fuente de financiación permitida por la ley.

En el auto de admisión, el Tribunal consideró que la demanda cumple con los requisitos exigidos y ordenó notificar personalmente a cada uno de los concejales para que, en un plazo de cinco días, respondan a las acusaciones y alleguen las pruebas que consideren pertinentes.

También solicitó a la Organización Electoral la certificación oficial de sus credenciales.

Tras cumplirse el término de traslado, el despacho procederá a evaluar las pruebas y continuar con el trámite de fondo.

De ser declarada procedente la pérdida de investidura, los concejales perderían su curul y quedarían inhabilitados para ejercer cargos de elección popular, según lo establece la Ley 1881 de 2018.

El proceso seguirá su curso en Sala Plena, mientras los corporados preparan su defensa frente a uno de los mecanismos sancionatorios más severos dentro del ordenamiento jurídico colombiano.