Fiscal Camargo ordena investigación por presuntos nexos de disidencias FARC con Gobierno y Ejército
El ente investigador compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema para que se indague la conducta del general del Ejército, Juan Miguel Huertas Herrera.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó abrir cinco líneas de investigación para establecer los presuntos nexos de las disidencias FARC con el Gobierno y el Ejército.
Las líneas de investigación se enfocarán en:
- Cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC
- Amenazas a la seguridad nacional
- Financiación de la campaña presidencial (Petro Presidente)
- Alianzas entre distintos actores ilegales
- Creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales
Además el ente acusador compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que se indague la conducta del general del Ejército, Juan Miguel Huertas Herrera y se determine si filtró o no información confidencial de las Fuerzas Militares al grupo disidente.
Sobre la delicada información contenida en dispositivos incautados al jefe disidente alias Calarcá que daría cuenta del entramado y que estaba hace más de un año en poder de una fiscal especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, informó el ente investigador:
“Respecto de esta investigación, a cargo, como ya se mencionó, de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, ha de aclararse que ni el Despacho de la Fiscal General de la Nación, ni ninguna otra dependencia de la entidad, incluida la Delegada contra la Criminalidad Organizada o la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, DECOC, superiores jerárquicos de esa funcionaria, recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia”.
Frente a las actuaciones en torno a los datos obtenidos, precisan que “sometido a cadena de custodia el material incautado, éste fue debidamente legalizado ante los jueces de la República y dos equipos forenses adscritos a la DIJIN de la Policía Nacional se encargaron de realizar el proceso de extracción y análisis de la información digital, emitiendo cinco informes técnicos, el último de los cuales se presentó el pasado 26 de junio a la fiscal especializada contra las Organizaciones Criminales con sede en Medellín que ha tenido a su cargo la investigación por estos hechos. El más reciente cruce y análisis de datos fue ordenado por ella el pasado 24 de septiembre, junto con un amplio despliegue de actos investigativos, para ser validados como evidencia ante la Judicatura. A la fecha, continúa en verificación la gran cantidad de información hallada”.
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Cabe recordar que, los computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos con las pruebas fueron decomisados en hechos registrados el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, cuando fue interceptada en un retén militar una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias de las FARC, en la que transitaba Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar, Diana Carolina Rey Rodríguez, María Alejandra Ojeda Londoño, Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver y Édgar de Jesús Ortega, alias Firu.
Para ese momento, no fueron detenidos Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar y Diana Carolina Rey Rodríguez, porque “previamente fueron suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra y las que pudieran emitirse en el futuro, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley 2272 de 2022 y las resoluciones 0005 del 16 de enero de 2024 y 0282 y 0283 del 4 de julio del mismo año”.
Mientras que, tres de los integrantes de la caravana fueron judicializados así: María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, por el delito de porte ilegal de armas de fuego, por el que aceptaron cargos y fueron condenados cumpliendo actualmente pena de prisión. Y Edgar de Jesús Ortega, alias Firu, por el de homicidio por el cual ya se radicó escrito de acusación y quien también permanece privado de la libertad.
