Juzgado de Cartagena frena embargo de la DIAN contra Reficar
La DIAN le esta cobrando a Reficar $ 1.3 billones por concepto del IVA del 19% a las importaciones de gasolina y diésel
Foto: Reficar / DIAN
El Juzgado Segundo de Familia de Cartagena decidió amparar de manera transitoria los derechos fundamentales de Reficar, filial de Ecopetrol, y ordenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) suspender cualquier medida de embargo o cobro coactivo.
La decisión se produce en medio de una disputa tributaria por el cobro de más de 1,3 billones de pesos en IVA e intereses derivados de la importación de combustibles desde zona franca al territorio nacional.
La DIAN argumenta para efectuar el cobro que la refinería de la ciudad de Cartagena estaba en la obligación de pagar un impuesto del 19% por las importaciones de gasolina y diésel en el periodo comprendido entre el 2022 y el 2024.
La controversia surgió porque durante años la DIAN sostuvo que no había base gravable para cobrar el IVA en estas operaciones, ya que el Ministerio de Minas y Energía no había fijado los precios de la gasolina y el ACPM como lo ordena el Estatuto Tributario.
Sin embargo, en 2024 la entidad cambió su punto de vista y empezó a exigir el impuesto con la tarifa general del 19%, lo que llevó a emitir requerimientos y liquidaciones oficiales que suman cerca de $ 1.3 billones más sanciones e intereses.
Reficar alegó que el cobro inmediato pondría en riesgo su operación, el empleo de más de 4.600 trabajadores y la estabilidad del suministro de combustibles en la región Caribe.
El juez consideró que existía un riesgo cierto e inminente de perjuicio irremediable, pues un embargo podría paralizar la empresa en menos de dos semanas, y por ello ordenó a la DIAN abstenerse de ejecutar cualquier medida de cobro hasta que la justicia contencioso-administrativa decida de fondo sobre la legalidad de los actos.
La decisión no resuelve la disputa tributaria de manera definitiva, pero sí garantiza que la Refinería pueda seguir funcionando mientras se adelanta el proceso judicial correspondiente.
El juzgado también requirió a la empresa para que presente en los próximos días la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos de la DIAN, con lo cual será la jurisdicción competente la que determine finalmente si los cobros son válidos o no.
