Abogado de vendedores de ‘El Triángulo’ denuncia incumplimientos de la Alcaldía de Cúcuta
Asegura que no se definió por escrito la reubicación, pese a compromisos previos.
Alcaldía de Cúcuta demolió el “Triángulo de las Bermudas” en el centro de la ciudad. / Foto: Jenny Márquez.
Cúcuta.
El abogado que representa a un grupo de vendedores del sector ‘El Triángulo’, en el centro de Cúcuta, cuestionó fuertemente el procedimiento de desalojo y demolición adelantado en las últimas horas por la Alcaldía.
Según él, la administración vulneró derechos fundamentales y desconoció compromisos establecidos con esta población.
“La mayoría de estas personas pertenecen al sindicato, que agremia a gran parte de los vendedores ambulantes de Cúcuta, y fueron reubicados en ese sector por la administración anterior dentro del plan de reconvención laboral”, sostuvo.
Agregó que en ‘El Triángulo’ no solo había casos investigados, sino también “familias que dependen de ese punto para llevar la comida a sus hijos de manera honesta”.
El abogado insistió en que la intervención debía realizarse con garantías: “Todos estamos de acuerdo en que se necesitaba una limpieza social en ese sector, pero todo debe realizarse siempre de manera jurídica y sin vulnerar derechos fundamentales”.
Durante más de un año y medio, dijo, representó a los trabajadores en las audiencias derivadas del proceso.
Explicó que interpusieron dos tutelas. Sobre la primera afirmó: “La inspectora endilgó el artículo 140 del Código de Policía, pero no señaló qué numeral habían infringido”.
La segunda se originó porque “el fallo fue unificado y no individualizado, cuando cada apelación tenía pruebas diferentes”.
Ambas fueron declaradas improcedentes al considerar que existía la vía del contencioso administrativo.
Tras la declaratoria de “perturbadores”, aseguró que el sindicato solicitó mesas de concertación con la Secretaría de Gobierno.
Sobre ese punto afirmó: “La misma alcaldía los ubicó en ese sitio y después los declara perturbadores. Yo no puedo declarar perturbador a alguien a quien yo mismo ubiqué ahí”.
Según el abogado, la administración reconoció la existencia de una “confianza legítima” de más de once años, lo que les obliga a garantizar un lugar donde puedan seguir desarrollando su actividad. Sin embargo, denunció que ese compromiso nunca se formalizó.“Ellos incumplieron. Nunca nos dijeron por escrito en qué condiciones iban a ser trasladados”, afirmó.
Indicó que, aunque el subsecretario les mencionó verbalmente la posibilidad de reubicarlos en el Centro Comercial La Mercedes, no se aclararon las condiciones reales de ese traslado.
“Yo les decía: explíquenos por escrito si vamos a pagar arriendo, si vamos como datos, si habrá capital semilla o si no tendremos ningún apoyo. Pero siempre respondían: ‘más adelante miramos’”, relató.
