La Procuraduría abrió cinco indagaciones preliminares para esclarecer la muerte de varios menores de edad durante las más recientes operaciones de la fuerza pública en Guaviare, Arauca y Amanzonas.

Estas investigaciones se conocen pues de acuerdo con Medicina Legal, 15 menores han muerto en operativos militares desde el mes de agosto. Once de ellos murieron en bombardeos y 4 más en combate.

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, confirmó que el objetivo es determinar si se cumplieron los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Osuna explicó que las investigaciones buscan establecer “si había conocimiento, o si era posible tener conocimiento, sobre la presencia de menores de edad” en las zonas donde ocurrieron los bombardeos. También se deberá determinar si los hechos ocurrieron “dentro de operaciones militares, es decir, dentro de combates, o si fueron en otras circunstancias”.

Rechazo por el reclutamiento de menores

Osuna también deploró el reclutamiento de menores por parte de organizaciones armadas. Insistió en que no se trata de hechos aislados, pues parece ser una costumbre de las estructuras criminales a lo largo de todo el país.

“Es un crimen internacional, una grave violación de derechos humanos que no es amnistiable. Es absolutamente inhumano e infame valerse de niños como escudos humanos”, subrayó, Osuna.

No obstante, el procurador explicó que, en un escenario de combate, los menores reclutados son considerados parte de la estructura armada. En esos casos, la responsabilidad por su presencia recae exclusivamente en quienes los reclutaron.

“Siguen siendo niños, pero también son combatientes, y si se trata de un combate militar, se les aplica el régimen de los combatientes”, precisó.

Sobre los bombardeos, Osuna advirtió que el análisis es más exigente.

“Hay que determinar si el bombardeo formaba parte de una operación militar en curso, si había alternativas y si era posible saber que había menores de edad”.

La Procuraduría ya ordenó las primeras pruebas, que incluyen la solicitud de informes de inteligencia y visitas a los departamentos donde ocurrieron los hechos,para recopilar testimonios, fotografías y demás material probatorio.

“Allí está toda la información de cómo fueron los operativos, cómo se planearon y qué alternativas había”, explicó.

El procurador confirmó que el ministro de Defensa y el comandante general de las Fuerzas Militares ya se comunicaron con su despacho.

“Manifestaron su absoluta disposición a entregar información y a colaborar con las investigaciones”, indicó, y añadió que ambos aseguran estar “persuadidos de que no hubo vulneración del DIH”.