“No tiene que ver con motivaciones políticas”:Gloria Arizabaleta tras inspección a Consejo de Estado
La representante a la Cámara aseguró que se trató de una diligencia de carácter probatorio que buscaba recopilar y verificar información.
Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, es la nueva presidenta; la liberal petrista María Eugenia Lopera fue elegida vicepresidenta. Foto: Congreso
Colombia
La Representante a la Cámara por el Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Acusación, Gloria Arizabaleta, respondió a los cuestionamientos por la inspección que ordenó al Consejo de Estado en el marco de una investigación que se adelanta a cuatro magistrados de este tribunal a quienes se señala de obrar de forma irregular en algunos procesos y luego regresar las decisiones de forma injustificada.
A través de un comunicado, aseguró que las actuaciones procesales que adelanta su despacho responden al ejercicio de sus funciones constitucionales y no están relacionadas con motivaciones políticas o con su expareja, el candidato presidencial Roy Barreras.
“Tampoco tienen relación alguna con su partido La Fuerza de la Paz, del cual solicité hace varios meses al Consejo Nacional Electoral escindirse, dado que mi interés, conocido públicamente, es no tener ninguna relación política ni personal con el señor Barreras”.
Aclaró además la representante a la Cámara que la inspección que se adelantó este miércoles al alto tribunal fue una diligencia de carácter probatorio, cuyo objetivo insistió fue recopilar y verificar información.
Explicó incluso que la diligencia no implica una sanción y agregó que “no supone una decisión de fondo, ni busca influir o interferir en los procesos que conoce de manera autónoma el Consejo de Estado sobre todos aquellos procesos, entre ellos la situación jurídica del partido La Fuerza de la Paz”.
Hay que señalar que la investigación que se adelanta en contra de los magistrados Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez, Gloria María Gómez y Pedro Pablo Vanegas responde a dos denuncias que fueron allegadas a la Comisión.
La primera por presuntas violaciones al debido proceso dentro del proceso de nulidad de la elección del exgobernador de San Andrés, Nicolás Gallardo, quien fue destituido por doble militancia.
Y la segunda relacionada con supuestas violaciones a derechos fundamentales de un usuario del servicio público de salud, que alega que los consejeros incurrieron en infracciones a la ley penal porque, supuestamente, resolvieron la tutela a pesar de estar en curso una recusación en su contra.
