Líderes del Catatumbo denuncian abandono tras nuevo asesinato en Tibú
Los dirigentes rechazan el crimen de su compañero comunal en esta región.
Bandera del ELN. Foto: Getty Images. / STRINGER
Norte de Santander.
El asesinato de William García, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda P-30, en Tibú, volvió a encender las alarmas en el Catatumbo, donde los líderes sociales denuncian una creciente persecución, el control armado de las zonas rurales y la falta de respuesta del Estado.
Willinton Jaimes, presidente de la JAC de Morro Frío y vocero de Asorepazcol, advirtió que la situación humanitaria en la región es crítica.
“Estamos amenazados, no podemos salir. Cuando se llevaron al presidente de la vereda P-30, decían que iban a investigar y luego apareció muerto. Así están asesinando a los líderes del Catatumbo”, señaló en diálogo con Caracol Radio.
Según Jaimes, los ataques se han intensificado desde enero, cuando se recrudeció el conflicto armado en el territorio.
“Solo nuestra asociación tiene seis miembros asesinados en manos del ELN. Los bajan de los carros o los sacan de sus casas y después aparecen muertos. No hay protección ni presencia del Estado”, aseguró.
El líder comunal también explicó que la violencia ha obligado a decenas de familias a desplazarse o a permanecer confinadas.
“Algunos están en otras ciudades, otros encerrados en las veredas. Vivimos con el miedo de que cualquier día sea el último”, dijo.
Ayer, la Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana en la que advierte sobre la existencia de una “doble autoridad” en el Catatumbo y el aumento de los ataques contra líderes sociales.
Sin embargo, las comunidades aseguran que las acciones de protección han sido lentas y no han frenado la violencia.
“Hemos hecho todos los llamados posibles al gobierno, pero la respuesta ha sido muy lenta. Pensamos que con el estado de conmoción se iba a recuperar la región, pero eso no pasó. El control lo tienen los actores armados, no el Estado”, enfatizó Jaimes.
Mientras tanto, los dirigentes sociales siguen confinados, denunciando el abandono y exigiendo garantías para seguir ejerciendo su labor en una de las zonas más golpeadas por el conflicto en Colombia.
