Magistrado Ibáñez responde a demoras por la Pensional: no han entregado pruebas oportunamente
En las últimas horas el presidente de la Corte dio 24 horas a Colpensiones para que envíe contratos que tuvo con Carvajal.
Jorge Ibáñez | Cortesía: Corte Constitucional
JUSTICIA
El futuro de la Reforma Pensional en la Corte Constitucional aún es incierto. Aún falta por resolver una recusación en contra del magistrado Héctor Carvajal para poder entrar de fondo en el estudio los vicios de procedimiento que se encontraron en esta ley pensional.
Recusación sigue sin resolverse
La Corte Constitucional abrió un incidente de recusación en contra del magistrado Héctor Carvajal, pues antes de llegar a este tribunal, conceptuó sobre la Reforma Pensional tras suscribir un contrato con Colpensiones.
En ese sentido, el magistrado Ibáñez solicitó a Colpensiones unos informes sobre dichos contratos, no obstante, esta información fue enviada de forma incorrecta, por lo que tuvo que volver a solicitar las pruebas.
Ibáñez dio 24 horas esa entidad para que envíe los contratos suscritos con Carvajal, y así, decidir si se aparta a el magistrado de la discusión de la Reforma Pensional en la Sala Plena.
Frente a esta nueva solicitud de pruebas, el magistrado aclaró que no está dilantando el estudio de la Reforma, de hecho, asegura es culpa de aquellas instituciones que retratasan el envío de las pruebas.
“Yo no soy el responsable directo de que se demore o no se demore. Segundo, se han decretado unas pruebas, se han pedido y (…) no las han entregado oportunamente, es la responsabilidad de ellos y no es ni siquiera de toda la Corte Constitucional”, dijo el magistrado Ibáñez sobre el estudio de la Reforma Pensional y el último requerimiento que le hizo a Colpensiones.
Ahora, hasta que Colpensiones no envíe el nuevo requerimiento, el magistrado sustanciador no podrá avanzar con el estudio de la Recusación contra Carvajal. Esto significa que la decisión de fondo sobre esta ley aún está lejos.
Magistrado Ibáñez propone tumbar la Reforma Pensional por vicios de trámite en el Congreso
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual presidente de la Corte Constitucional, presentó una ponencia que propone declarar inexequible la Ley 2381 de 2024, norma mediante la cual se creó la reforma pensional.
El magistrado habría hallado vicios de procedimiento que no se lograron corregir en su nuevo paso por el Congreso de la República. La decisión final la tendrá la Sala Plena.
La decisión se basa en la omisión del debate del articulado del proyecto de ley por parte de la Cámara de Representantes, lo que impidió a las minorías congresariales ejercer plenamente su derecho a deliberar y presentar proposiciones modificatorias.
La Corte había identificado previamente este vicio en el Auto A-841 de 2025 y ordenó a la Cámara de Representantes someter nuevamente a discusión y votación la proposición sustitutiva que acogía el texto del Senado, garantizando que se debatiera con suficiencia y se votara el texto del proyecto de ley.
Sin embargo, durante las sesiones extraordinarias realizadas los días 27 y 28 de junio de 2025, la Cámara de Representantes solo cumplió parcialmente con lo ordenado.
Si bien debatió y votó la proposición sustitutiva, se negó expresamente a continuar con el debate del articulado. Por 100 votos contra 11, la plenaria decidió no reabrir la discusión del texto del proyecto, privando nuevamente a las minorías de la posibilidad de presentar y debatir proposiciones modificatorias.
La Corte Constitucional consideró que esta decisión constituye un incumplimiento del mandato judicial y reproduce el vicio original que se pretendía subsanar. En consecuencia, el magistrado Ibáñez pide declarar la inexequibilidad de la Ley 2381 de 2024.
La decisión, de aprobarse, implicaría el hundimiento definitivo de la reforma pensional, una de las principales apuestas sociales del presidente Gustavo Petro.
La ponencia será discutida a mediados de noviembre, pero el panorama no es favorable para el Gobierno. De los nueve magistrados que integran la Corte, no todos respaldarían la constitucionalidad de la norma.
