Procuraduría inicia vigilancia y advierte posible censura de la CRC a medios de comunicación
El Ministerio Público solicitó una serie de documentos a la Comisión de Regulación de las Comunicaciones.

Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Foto: Getty Images / CRC
JUSTICIA
La Procuraduría inició una acción preventiva contra la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para evaluar la legalidad y las implicaciones constitucionales de una solicitud de información que hizo a los medios de comunicación sobre sus consejos editoriales.
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En concreto, la CRC solicitó información a los operadores de TV sobre sus políticas editoriales, manuales de acción, actas del comité editorial y criterios para la selección de contenido periodístico y noticioso.
Sobre esta información solicitada, dice la Procuraduría que pese a que aunque la CRC emitió una aclaración indicando que el requerimiento era meramente “informativa y analítica” no revocó el requerimiento original ni aclaró explícitamente si la entrega de la información era voluntaria.
Posibles riesgos constitucionales
En su análisis, la Procuraduría evaluó ese requerimiento y advirtió que se podría configurar una posible censura, violación de derechos fundamentales y extralimitación de funciones.
- Competencia Cuestionable: La Sesión de Contenido Audiovisual podría estar excediendo sus funciones al solicitar información editorial interna.
- Riesgo de Censura Indirecta: El tono formal y obligatorio de la solicitud podría generar un efecto inhibitorio o autocensura en los medios de comunicación.
- Afectación de Derechos Fundamentales: La solicitud podría comprometer la confidencialidad de las fuentes, las deliberaciones internas y el secreto profesional periodístico.
- Ambigüedad en el Uso de Datos: Falta de claridad sobre cómo se utilizará la información, su finalidad y los mecanismos de confidencialidad que se aplicarán.
- Falta de Claridad sobre la Voluntariedad: El uso continuado de “requerimiento” mantiene una percepción coercitiva.
Luego de identificar los posibles riesgos, la Procuraduría solicitó a la CRC que proporcione en tres días hábiles diversos documentos y aclaraciones:
- Una copia de la solicitud de información original.
- El fundamento legal de su competencia para realizar tales exigencias.
- Una aclaración explícita sobre si la información es voluntaria u obligatoria, y las posibles consecuencias legales por la no presentación.
- El protocolo para el manejo y la garantía de la confidencialidad de la información recibida.
- Una descripción detallada del propósito, alcance y uso previsto de los datos.




