Crisis política en Perú: Dina Boluarte descarta pedir asilo
La presidenta aseguró que “está tranquila” ante los procesos legales que enfrenta.
Dina Boluarte en febrero de 2023. FOTO: Fabiola Granda/Bloomberg via Getty Images
Dina Boluarte fue removida de la presidencia la madrugada del viernes, tras ser sometida a un juicio político argumentando “permanente incapacidad moral” para ejercer el cargo que ocupaba desde diciembre de 2022.
El Congreso la cesó de sus funciones al responsabilizarse de la crisis de inseguridad que azota al país y que involucra al crimen organizado.
Apenas perdió el fuero, la fiscalía activó dos investigaciones en contra de Boluarte: una por lavado de activos durante la campaña electoral de 2021, cuando fue candidata a la vicepresidencia junto con Pedro Castillo.
La otra causa es por “negociación incompatible con su cargo”. Según el Ministerio Público, Boluarte presuntamente gestionó el “pago de beneficios sociales para uno de los amigos” del médico que le realizó operaciones estéticas cuando era jefa de Estado.
La exmandataria de 63 años reapareció frente a su vivienda en el sur de Lima, para desmentir rumores de la prensa sobre su supuesta intención de refugiarse en otro país.
“Yo ya estoy acá y no está ni siquiera en el más mínimo pensamiento, ni mi sentimiento patriótico dejar el país. Estoy tranquila con mi conciencia. Aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público, no soy responsable de ninguno de ellos. La calma está en mí, estoy en mi hogar y estaré permanentemente en el país”, dijo la exmandataria.
La Fiscalía de Perú ya solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra la expresidenta por la presunta comisión del delito de aprovechamiento indebido del cargo, en perjuicio al Estado, y 36 meses por lavado de activos, para un total de aproximadamente cuatro años y medio.
Boluarte podrá ser investigada y condenada
Boluarte también enfrenta una investigación relacionada con la muerte de unas 50 personas en la represión de las protestas que siguieron a su llegada al poder en reemplazo del destituido y encarcelado expresidente Pedro Castillo, después de su intento fallido de cerrar el Congreso.
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Además, tiene expedientes abiertos por presunto abandono de cargo cuando se operó la nariz sin avisar al Congreso, como estipula la ley; y otro, por el llamado Rolexgate, escándalo que estalló en 2024 cuando la mandataria apareció con unas joyas de lujo que no había declarado en su lista de bienes.
Con su destitución, Boluarte podrá ser eventualmente enjuiciada y condenada.
