JEP verifica si seis integrantes de la Fuerza Pública incumplieron su compromiso de aportar verdad
En audiencia pública se analizará el caso y si faltaron a sus obligaciones se exponen a que sean expulsados de esta justicia transicional
Imagen de referencia de militares y la JEP
Bogotá
En una audiencia pública que se llevará a cabo este martes 30 de septiembre en la Jurisdicción Especial para la Paz, se analizará el posible incumplimiento de seis comparecientes de la Fuerza Pública que habrían faltado a su deber de aportar verdad plena y no mentir sobre el secuestro, tortura y desaparición de tres Mamos del Pueblo Arhuaco Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro y la tortura de dos indígenas del mismo pueblo de Amado Villafañe y Vicente Villafañe. Hechos ocurridos en 1990.
Los comparecientes que se exponen a ser expulsados de la JEP
Se trata del coronel Luis Fernando Duque Izquierdo, el coronel Rafael Mejía Roa, el capitán Pedro Antonio Fernández Ocampo, el mayor Hernán Carrera Sanabria y el sargento viceprimero Cosme García Camacho. Asimismo, fue citado a comparecer el coronel Luis Fernando Urrego Ávila, quien era mayor de la Brigada Móvil No. 1 para la época de los hechos.
Dada la representatividad de los hechos, además de las víctimas, los comparecientes y sus abogados, en la audiencia estarán presentes autoridades espirituales y tradicionales de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta: Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo.
Lo que ha hecho la JEP
En junio pasado la Jurisdicción Especial para la Paz compulsó copias a la Fiscalía para que, dada su competencia frente a terceros, investigue a civiles, empresarios y hacendados de Cesar, por su posible participación en los hechos. También, compulsó copias para la extinción del dominio de la hacienda Bethania, lugar en el que fueron retenidos los Mamos y donde habrían sido torturados. Sobre este sitio se decretó una medida de protección por solicitud de la Unidad de Búsqueda; y, en junio de este año, se reportaron hallazgos forenses de posibles víctimas de desaparición forzada.
Luego de esta diligencia, la JEP continuará con el trámite del incidente de incumplimiento y, en concreto, si los seis comparecientes de la Fuerza Pública incumplieron la prohibición constitucional de engañar o distorsionar de manera dolosa la verdad, lo que implicaría una falta al régimen de condicionalidad y la posible expulsión del Sistema Integral para la Paz.
