Costos de transporte aéreo para senadores habrían sido usados por Petro: Corte pide investigarlo

JUSTICIA

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias no solamente a la Fiscalía y CNE para que se investigue a los exgerentes de la Campaña del Pacto Histórico, Ricardo Roa -presidente de Ecopetrol- y Guillermo Jaramillo -ministro de Salud-, sino también para que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigue al presidente de la República, Gustavo Petro.

Los hechos por los que se les investigará a estos funcionarios se relacionan con irregularidades en el registro de los gastos en las campañas al Senado en el 2022 y a la consulta del Pacto, en la que Petro era el gran favorito.

En resumidas cuentas, se habrían alterado facturas en las que se hacen pasar gastos en vuelos de avión a nombre de la campaña del Senado y no a la consulta de Petro, quien realmente los habría utilizado.

En total serían más de mil dosicientos millones de pesos los que la Campaña Petro habría omitido en sus gastos y en su lugar, habrían ido a parar al registro de los senadores.

Así inició todo: Corte archiva investigación a senadores pero encuentra irregularidades en campaña Petro

Caracol Radio conoció un fallo de 236 páginas de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el que se decidió no abrir una investigación en contra de 20 senadores electos por la coalición Pacto Histórico para el período 2022-2026.

La investigación se había originado a partir de denuncias sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña del partido, específicamente en lo relacionado con el uso de recursos para el transporte aéreo de votantes y colaboradores.

Se decía que la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S, (SADI) con la que el Pacto suscribió el fletamento de aéronaves, tendría vinculos relacionados con el narcotráfico. Esto luego de que se conociera de una “Narcoavioneta” de esa empresa fue encontrada con más de 400 kilogramos de cocaína en Providencia.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia no encontró movimientos ilegales relacionados a las campañas de los senadores.

¿Qué encontró la Sala de Instrucción?

Luego de una exhaustiva investigación en la que se requirieron documentos a la Fiscalía General se determinó que la empresa Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S había contribudio a la campaña al Senado y en las consultas presidenciales con el servicio de transporte aéreo más no aportes de dinero.

“En tal sentido, la Sala concuerda con los planteamientos de las defensas de los senadores Pizarro Rodriguez, Cepeda Castro y Flórez Porras, en el sentido de que la modalidad de participación de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. en la campaña al Senado, a través de una relación contractual para la prestación de un servicio, no resulta compatible con una hipótesis de consecución o ingreso de recursos con origen delictivo a la campaña”, se lee en el documento de 236 páginas.

Costos en transporte aéreo al Senado habrían sido en su mayoría usados por la campaña Petro

Si bien la Sala de Intrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió archivar a la investigación en contra de los senadores, pues no se encontró ningún aporte ilegal, al tribunal si le quedaron serias dudas sobre los gastos de campaña del entonces candidato Gustavo Petro.

En ese 2022, al mismo tiempo que estaba la campaña al Senado, también estaba la campaña de la consulta del Pacto Histórico, entre la que Petro era uno de los grandes favoritos.

En la campaña al Senado el gerente era el hoy ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, mientras que en la campaña Petro, era el hoy gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Pues de acuerdo con la sala, varios de los soportes de la empresa de transporte áereo aparecen es al servicio de Petro más no de los senadores. No obstante, dicho gasto fue reportado en la campaña de los senadores y NO en la del actual presidente en el informe entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE).

“No obstante, como quedó expuesto, en esta actuación se cuenta con hallazgos probatorios consistentes que apuntan a que los servicios incluidos en esa facturación corresponden a parte de un servicio global previamente facturado, y suministrado, a la campaña de Gustavo Petro Urrego a la consulta interna del Pacto Histórico para elegir candidato único a la Presidencia", indica el auto.

En ese sentido podría configurarse un posible delito de falsedad en documento privado y fraude procesal pues estos gastos debieron ser reportados en la campaña a la consulta de Petro, más no del Senado.

Facturas alteradas

La Corte Suprema tiene las tablas de facturación y horas de vuelo que la empresa SADI emitió para la campaña a la Consulta de Petro y la campaña al Senado. En estas facturas, el tribunal encontró varias irregularidades.

Inicialmente el 16 de marzo de 2022 se emitió la factura SA-4812 a nombre de Ricardo Roa, gerente de la campaña petro los siguiientes servicios:

• 72 horas de transporte en helicóptero.
• 72 horas de ambulancia aérea.
• 72 horas de transporte en avión.
• 1 pernoctada.
• 1 FOB.
• 1 comisión.

No obstante, dicha factura fue anulada por error en la forma de pago.

Luego, el 12 y 13 de abril se emitieron dos facturas en las que se dividieron las horas de vuelo usadas por el entonces candidato Petro:

• Factura SA-4831 / SA-4834 (12-13 de abril): Dirigida a la campaña al Senado, firmada por el gerente, Guillermo Alfonso Jaramillo.
• 72 unidades de transporte en avión
• 1 pernoctada
• 1 FOB
• Factura SA-4832 (12 de abril): Dirigida a la campaña a la consulta interna firmada por el gerente, Ricardo Roa Barragán.
• 72 unidades de helicóptero
• 72 ambulancias
• 1 comisión

En conclusión la Corte encontró que se fraccionaron servicios originalmente prestados a la campaña presidencial, y luego se atribuyó parte de estos a la campaña al Senado, a través de una facturación separada más de un mes después del periodo contractual.

Recordemos que por presuntas irregularidades en los topes electorales en más de 5 mil millones de pesos en la campaña Petro Presidente, ya se investiga el equipo del primer mandatario en el CNE.

Si bien la Corte Suprema no es competente para investigar al actual presidente de la República, podría compulsar copias a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes para que profundice el asunto.