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No es solo Juliana Guerrero, Fundación San José habría entregado varios títulos de forma irregular

Un extrabajador de la institución educativa asegura que es práctica frecuente de esta entidad graduar profesionales sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

No es solo Juliana Guerrero. Fundación San José habría entregado varios títulos de forma irregular

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Juliana Guerrero, Fundación universitaria San José // Caracol Radio

Una tormenta política se desató en el país cuando se conoció que la Fundación Universitaria San José habría entregado de forma irregular el título profesional de contadora a Juliana Guerrero, la joven cercana al presidente Gustavo Petro que había sido designada como Viceministra de las Juventudes.

El escándalo estalló cuando se conoció que Juliana Guerrero habría recibido el diploma profesional sin haber cumplido los requisitos, entre estos, no haber presentado el examen Saber Pro, requisito obligatorio previo para todos los estudiantes de educación superior en Colombia para poder obtener un título profesional.

Por estas irregularidades, Francisco Pareja González, representante legal de la Fundación Universitaria, denunció al exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez por los presuntos delitos de daño informático y obtención de documento público falso. Además, Pareja González confirmó que el exsecretario general fue despedido junto a todo su equipo de trabajo.

Pero las acusaciones de expediciones irregulares de títulos profesionales por parte de la Fundación Universitaria San José no se limitan a Guerrero.

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Caracol Radio habló con un exfuncionario de esta universidad, que pidió reserva de su identidad, quien aseguró que esta sería una práctica extendida. Según afirma, el despedido exsecretario aprobaba entregar los títulos universitarios, bajo la promesa de que con posterioridad se comprometían a presentar las pruebas Saber Pro. Sin embargo, no existía ningún tipo de seguimiento del cumplimiento de la presentación de este examen.

“Era conocido por parte de los trabajadores que había problemas con la expedición de diplomas. Era bastante frecuente que esto pasara: le entregaban a los estudiantes que ya habían terminado materias, por parte del ingeniero Luis Carlos Gutiérrez, con el compromiso de que podían graduarse sin la presentación de las Pruebas Saber Pro, si se comprometían a presentar las pruebas después. Pero de ahí a que los estudiantes cumplieran, los empleados no teníamos conocimiento de que eso ocurriera… El caso de Juliana Guerrero no es un caso aislado”, dice este extrabajador.

Caracol Radio pudo establecer que uno de estos casos sería el de la influenciadora del Gobierno, Laura Julieth Martínez Morales, contratada en 2024 por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según se conoció, cuando presentó su hoja de vida, el 3 de julio de 2024, afirmó que era bachiller, pero al momento de la firma del contrato, dos meses después, presentó un título profesional de Ingeniera Industrial de la Fundación San José. Con ese título, firmó un contrato por 12 meses, por $101 millones, es decir, unos ingresos de $8.450.000 mensuales.

Aunque el 3 de julio afirmó ser bachiller, al momento de firmar el contrato presentó un diploma expedido dos días después, con fecha 5 de julio de 2024, que fue viernes y según la certificación de las pruebas saber Pro presentó este examen el 7 de julio, es decir con posterioridad a su grado como profesional, lo cual según han explicado varios expertos es abiertamente ilegal, pues no es posible obtener un diploma profesional sin haber presentado previamente las pruebas Saber Pro.

El extrabajador asegura que esta práctica era conocida por todo el cuerpo administrativo de la universidad y que incluso se hablaba de un pago cercano a los 20 millones de pesos para obtener este grado. No obstante, hasta el momento estas acusaciones no han sido verificadas judicialmente.

Ante la polémica, diferentes sectores han solicitado al Ministerio de Educación Nacional que adelante una investigación formal sobre la institución y sobre la legalidad de los títulos que se han entregado, para verificar que cumplan los requisitos exigidos por la ley.

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