Primera sentencia de la JEP por secuestros contra exFarc: Así se llegó a esta histórica decisión

La Jurisdicción Especial para la Paz emitirá su primera sentencia. Será contra el último secretariado de las extintas Farc, por 21.000 casos de secuestro.

¿Cómo se llegó a este punto?

Después de una fase de investigación que lideró la magistrada Julieta Lemaitre, pero contó con el apoyo de los cinco magistrados y magistradas que integran la Sala de Reconocimiento de Verdad. En esta etapa la JEP escuchó a 402 comparecientes de las ExFarc, analizó más de 1.200 escritos de víctimas y recibió observaciones de 795, sobre lo declarado por los exguerrilleros. Más de 4.200 víctimas se acreditaron para participar de esta investigación, que se conoció como el caso 01, de secuestros.

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¿Qué se concluyó de esta fase de investigación por estos 21.000 secuestros?

Derivó en una imputación contra Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Jorge Torres Victoria, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda, quienes integraron el último secretariado de las Farc y quienes, según la Sala de Reconocimiento de Verdad, fueron responsables por haber implementado una política de secuestro que generó más de 21.000 víctimas entre 1993 y 2016.

También se les atribuyó responsabilidad por no haber impedido los abusos cometidos contra los secuestrados, como desapariciones forzadas, homicidios, torturas, tratos crueles e inhumanos, desplazamientos forzados y violencia sexual. Una vez terminada esta fase la Sala de Reconocimiento de Verdad remitió el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad, donde fue asumido por los 5 magistrados.

Así comenzó el primer juicio del caso 01, que se llama: Toma de Rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las Farc. Así lo explica el magistrado Camilo Suárez de la Sección de Reconocimiento de Verdad.

“Es un caso que muestra un fenómeno criminal que aconteció en el marco del conflicto armado, como lo es el secuestro, definido internacionalmente en el marco de un conflicto como el de toma de rehenes y otros crimines asociados. Eso lo hace complejo es su dimensión tanto de hechos victimizantes como de número de víctimas, como de personas que intervienen en él. Muestra una cruda realidad en nuestro país que compromete el bien más sagrado para las personas, además de la vida, que es la libertad”.

En esta fase de juicio, ¿Qué se pudo comprobar y cómo se llegó a la decisión que se conocerá?

Ya en fase de juicio los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc aceptaron toda su responsabilidad, por eso según la JEP cumplen con las condiciones para imponerles una sanción propia, que no genera cárcel, pero sí implica restricciones efectivas a derechos y libertades. Así lo explica el magistrado Camilo Suárez, de la Sección de Reconocimiento de Verdad.

“La triste realidad de nuestro país frente al fenómeno de la macro-victimización. Es muchas sentencias, muy importantes que reconocen derechos, pero que logran poca materialidad. Estas sentencias y esta audiencia en particular lo que busca es que efectivamente se logre reparar y restaurar a las víctimas, que haya un proceso de seguridad jurídica y de reincorporación a los comparecientes, pero por encima de todo que efectiva, material y eficazmente la sentencia cumpla su cometido, que no sean de papel y por ello la importancia y el llamado que hacemos desde ya del compromiso que tiene el Gobierno y sus entidades en materializar estas sentencias”.

¿Qué son las sanciones propias? ¿Implican cárcel por los crímenes que aceptaron?

La finalidad de las sanciones propias es restaurativa y reparadora. Solo se aplican para quienes aporten verdad plena y reconozcan toda su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estas sanciones vienen acompañadas por una sentencia de 5 a 8 años, no carcelaria. Pero, ojo a este punto, porque si ellos llegan a incumplir sus procesos, regresarían a la justicia ordinaria y allí pagarían cárcel, según las deudas que tengan. Así nos lo confirmó el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Suárez.

“Puede generarse un incidente que pueda sacar a esta persona de la jurisdicción y se devolvería a la justicia ordinaria al cumplimiento de las investigaciones pendientes o de las sanciones que tenga en la justicia ordinaria”.

Sí no pagan cárcel, ¿Cómo se aplicarán estas sanciones propias, de qué manera cumplirán estas sentencias?

A través de una figura llamada los TOAR, que son Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador, lo que incluye: Programas de reparación efectiva para los campesinos desplazados, Protección medioambiental de zonas de reserva, Construcción y reparación de infraestructuras, Eliminación de residuos, Mejora de la electrificación y conectividad en comunicaciones de las zonas agrícolas, Sustitución de cultivos de uso lícito, Recuperación ambiental de las áreas afectadas por cultivos de uso ilícito, Construcción y mejora de las infraestructuras viales y Alfabetización y capacitación en diferentes temas escolares, desminado humanitario y búsqueda de personas desaparecidas. Estos trabajos los deberán cumplir por el tiempo de la sentencia, que será entre 5 y 8 años y la garantía de estos proyectos recae en el Gobierno Nacional, que deberá disponer de recursos para su cumplimiento.

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En el caso del último secretariado de las antiguas Farc se tienen proyectadas cuatro líneas de proyectos restaurativos: Acción integral contra minas, búsqueda de personas, línea de memoria y reparación simbólica y línea de medio ambiente, naturaleza y territorio.

¿Quién monitoreará el cumplimiento de estas sanciones?

Será vigilado por un componente desde la JEP, con un respaldo de la Misión de Verificación de la ONU, que fue avalada el 11 de mayo de 2021, por su Consejo de Seguridad, para verificar el cumplimiento de estas sanciones que emitirá la Jurisdicción Especial para la Paz.